Gobernar es responder: fin a la impunidad técnica en el Estado chileno

La reciente polémica que involucra al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario Julio Salas, en el marco del proyecto de fraccionamiento pesquero, vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural de la administración del Estado chileno: la total ausencia de responsabilidad política y técnica por parte de las altas autoridades.

En Chile, ministros, subsecretarios, jefes de servicios y directivos de alto nivel toman decisiones estratégicas sin que exista una evaluación previa de sus competencias técnicas ni una revisión posterior de los resultados. En la práctica, el país carece de un sistema real de rendición de cuentas que obligue a estas autoridades a asumir consecuencias ante errores graves, omisiones o fracasos en su gestión.

Los hechos son evidentes: quienes ejercen mayor poder pueden equivocarse sin enfrentar consecuencias administrativas, civiles ni políticas. Los sumarios rara vez alcanzan a quienes lideran los servicios. Las renuncias por responsabilidad política son excepcionales. Y el ciclo de rotación entre cargos públicos, universidades y centros de estudio se mantiene sin cuestionamientos, lo que impide una trazabilidad clara respecto de la gestión de las autoridades y sus resultados concretos.

Gobernar es responder: fin a la impunidad técnica en el Estado chileno

Esta falta de consecuencias reales daña profundamente al país. Se malgastan recursos públicos sin reparación, se socava la confianza ciudadana, se normaliza la ineficiencia y se perpetúa una cultura institucional donde los errores no necesariamente derivan en correcciones o sanciones. Lo más preocupante es que esta dinámica refuerza la desconexión entre el ejercicio del poder y la responsabilidad efectiva.

Ante esta realidad, podemos avanzar hacia una Ley de Responsabilidad Técnica y Administrativa para Altas Autoridades, aplicable a ministros, subsecretarios, jefes de servicios y autoridades equivalentes. Esta norma debería incluir:

– Una evaluación de desempeño obligatoria al término del cargo, basada en metas, uso de recursos y resultados verificables.

– Un régimen de responsabilidad objetiva que habilite sanciones por negligencia grave, ocultamiento de información o errores técnicos con consecuencias comprobables.

– Sanciones reales: inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos o académicos financiados con fondos del Estado, devolución de bonos mal habidos, y registro público de desempeño deficiente.

– Un Registro Nacional de Altas Autoridades, con trazabilidad completa de cada gestión, que permita saber quién falló, dónde y cómo.

Sin consecuencias claras

Otros países ya han dado pasos importantes en esta dirección. No debilitan sus gobiernos al evaluar a sus autoridades: los fortalecen. En Chile, seguimos atrapados en una lógica donde el poder se ejerce sin consecuencias claras, y donde la continuidad profesional muchas veces no se vincula con el mérito o los resultados obtenidos.

La modernización del Estado no se logrará con discursos vacíos ni promesas en PowerPoint. Comienza por establecer reglas claras, evaluaciones objetivas y consecuencias efectivas para quienes toman decisiones. Porque gobernar no es solo ocupar un cargo: es hacerse cargo.