Más de veintidós años han transcurrido desde que Sonia Arce Esparza presentó una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y casi diecisiete años desde que nuestro país se comprometió a reformar el régimen de sociedad conyugal.
Urge poner fin a la discriminación que sufren las mujeres que contraen matrimonio bajo este régimen.
En las circunstancias actuales, las mujeres se ven obligadas a pedir autorización de sus maridos para administrar sus propios bienes, se ven obligadas a pedir permiso para firmar escrituras, y ni siquiera pueden gestionar los bienes inmuebles que heredan, como se evidenció en el caso de Sonia Arce.
Es un mínimo de dignidad y autonomía que las mujeres puedan actuar por sí mismas.
La solicitud no es sólo de una denunciante ante la CIDH, es un anhelo de miles. Mujeres que dirigen PYMEs, pequeñas agricultoras y jóvenes profesionales, entre otras, nos han instado a buscar una solución.
Campesinas, por ejemplo, que hasta el año pasado no habían podido participar en los concursos de riego de la Comisión Nacional de Riego por no contar con la venia del marido —condición que cambiamos en 2022 creando el primer Concurso de Riego para Mujeres—, o mujeres de zonas afectadas por inundaciones e incendios que debían tener el permiso del cónyuge para recibir y aplicar subsidios de reconstrucción.
Los esfuerzos y el trabajo puestos en este proyecto no han cesado para reformar la sociedad conyugal, como tampoco el compromiso de las y los parlamentarios que introdujeron las mociones; entre ellos Carolina Goic, Alejandra Sepúlveda, Marcelo Schilling, Pedro Araya, José Miguel Ortiz, Alfonso De Urresti, Guillermo Ceroni y María Antonieta Saa. Mociones que hoy, al fin, se encuentran ad-portas de ser ley y establecer la administración conjunta de los bienes entre ambos cónyuges, poniendo fin de una vez por todas a la discriminación que hasta acá ha afectado a tantas mujeres.
Todo indica que, después de casi dos décadas, Chile tendrá una normativa a la altura de un Estado de derecho que considera a las mujeres como plenamente capaces de administrar sus bienes, garantizando su libertad y autonomía económica.
Estamos a un paso; esperamos el compromiso de todas y todos en hacerlo realidad.
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