Ansog: "El ingreso del crimen organizado a Gendarmería va de la crianza a la precariedad del servicio"

Muertes violentas al interior de las cárceles, liberaciones erróneas de reos, hechos de corrupción y una reforma constitucional presentada por el gobierno han marcado los últimos meses de Gendarmería de Chile.

Lo anterior, acompañado de una continua alerta —desde la misma institución— por el déficit de funcionarios. En entrevista con este medio, Ayleen Amaro, la presidenta de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), analiza el panorama y revela, entre otras cosas, que actualmente tienen uno o dos gendarmes por cada 200 internos.

Los últimos hechos de corrupción también han marcado a la institución. Al respecto, la también vocera del Frente de Trabajadores Penitenciarios reflexiona en que la causa es multifactorial: crianza, precariedad dentro del servicio, abandono del Estado, ingresos altos del crimen organizado y otros. Pese a esto, es enfática en asegurar que siguen teniendo el control de las cárceles. “Cuesta porque es luchar contra todo un sistema”, dice.

El proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo también es un tema. Desde Gendarmería han sido críticos y advierten que la incertidumbre en los funcionarios podría llevar a la renuncia voluntaria, algo significativo en la dotación general y que, a juicio de Amaro, podría desatar una crisis importante en materia de seguridad.

“Siempre se nos dijo por parte del exministro (Luis) Cordero, como del actual ministro (Jaime) Gajardo, que Gendarmería no pasaría al Ministerio de Seguridad porque ellos tenían la convicción de que debía quedarse en el lugar donde estaba, que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, cuenta.

Muertes en las cárceles y salud mental de funcionarios

—En lo que va del año, van 7 internos muertos al interior de las cárceles a nivel nacional, con algunos hechos muy violentos. ¿Cómo se aborda ese nivel de violencia? ¿A qué responde?

Para nosotros como Frente de Trabajadores Penitenciarios es una situación que reviste un carácter importante dentro de las funciones de Gendarmería de Chile y claramente todo este tipo de situaciones se dan debido al hacinamiento en el que vive la población penal dentro del sistema penitenciario. Cabe recordar que el aumento de la población penal ha ido disparándose en estos últimos años, pasando de tener 42 mil a tener 64 mil internos, donde las plazas o los metros cuadrados de infraestructura por población penal no han aumentado, como tampoco ha aumentado la dotación para poder hacer la custodia de esta población penal. Desde el año 2010 se ha mantenido.

—¿Cómo hacer frente a ese tipo de situaciones? ¿Qué se requiere?

Son múltiples factores, porque para poder realizar una custodia directa para la población penal se necesitan más recursos humanos, más infraestructura, más elementos de seguridad. Son múltiples los factores que ayudan a tener una mejor segregación de la población penal y un mejor trabajo directo.

Déficit de funcionarios

—¿Qué tan alto es el déficit de funcionarios? ¿En qué áreas o aspectos se evidencia?

El déficit de funcionarios de la dotación ideal es amplio, nosotros no tenemos un aumento de dotación desde el año 2010.

—¿Y a qué se debe esta falta de funcionarios?

La falta básicamente es que no se ha generado, por parte del Estado, un incremento en los presupuestos para poder aumentar la dotación de Gendarmería de Chile. Le recuerdo que nosotros tenemos una escuela matriz, que funciona en San Bernardo, y que tampoco tiene la capacidad para albergar un número muy importante de ingreso de funcionarios. Por tanto, lo que se ha hecho en estos últimos años es priorizar otros factores dentro de Gendarmería y lo que es la dotación del personal, solamente se ha ido supliendo en razón del retiro de los funcionarios que ya cumplen con sus años de servicio.

—El presidente electo, José Antonio Kast, a través del Plan Cancerbero, propuso la creación de nuevas cárceles. Considerando el déficit, ¿cree que ese compromiso se pueda concretar?

Nosotros esperamos ansiosos y con mucha ilusión, por así decirlo, que se puedan generar otros espacios para que aumenten los metros cuadrados por población penal. Recordemos que nosotros tuvimos el compromiso del gobierno, hace un tiempo, donde señalaba que construiría una nueva cárcel de alta seguridad en 8 meses (…) y hasta el día de hoy eso no se concreta, sino más bien lo que se hizo fue generar una densificación dentro de las cárceles que no implica más que meter un camarote donde ya hay otros cuatro. Eso no significa y no se traduce en nuevos espacios para la población penal ni metros cuadrados, lo que complica el trabajo de los funcionarios que deben convivir con más relación penal en los mismos metros cuadrados.

—¿Ha habido incumplimiento por parte del gobierno? ¿De las promesas?

Las promesas del actual gobierno fue densificar y eso lo hicieron. Ahora, ¿si la densificación es buena para nosotros? No, porque la densificación implica no aumentar espacio, sino más bien aumentar plazas para poder albergar a nueva población penal dentro de la ya existente. Entonces, eso es super complejo porque implica, por ejemplo, que no tiene más metros cuadrados para dormitorios, para recibir a la visita dentro de su condena o privación de libertad y eso implica lidiar día a día con más población penal dentro de los mismos metros cuadrados, lo que lo que impide también así una segregación más exhaustiva de la población penal.

Liberaciones erróneas

—Ha habido distintos casos de liberaciones erróneas y, en ese contexto, el ministro Jaime Gajardo no descartó que pueda existir corrupción y sabotaje ¿Cómo se toman esas declaraciones?

Nosotros lamentamos las declaraciones del ministro porque creo que incluso es un poco violento dejar entrever a la ciudadanía que hoy día existen funcionarios que, por sabotear una reforma constitucional, pretendan perder su trabajo. Creemos que la reforma se está viendo en las instancias correspondientes, hoy en día está en el Poder Legislativo para poder autorizar lo que pretende realizar el gobierno.

Creemos que lo podemos abordar con el fortalecimiento de Gendarmería de Chile, pero desde el lugar donde hoy en día estamos, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

—Ya la quiero llevar a la reforma, pero antes y continuando con las liberaciones erróneas, ¿hacen algún mea culpa respecto a los protocolos internos o interpretaciones equivocadas de resoluciones? ¿O lo atribuyen netamente a las órdenes judiciales?

Pasa que para Gendarmería es super complejo porque, si bien hay una comunicación detecta con el Poder Judicial, la comunicación tampoco es fluida y tampoco es una comunicación que sea transversal con todos los tribunales. Cada tribunal tiene formas distintas de abordar las liberaciones, de abordar las prisiones preventivas. Entonces, claro, efectivamente se da en algunos casos que los documentos son poco claros o muchas veces también, por, como digo, la falta de personal que nosotros tenemos dentro de nuestra institución, se generen estos conflictos que, a pesar de que se le da mucho énfasis, corresponden a porcentajes mínimos dentro del sistema penitenciario.

Reforma a Gendarmería

—Como funcionarios, han sido bastante críticos con la reforma a Gendarmería que presentó el gobierno. ¿Por qué creen que no contribuye? ¿Por qué les complica el cambio de Justicia a Seguridad?

A nosotros nos complica porque es una noticia que nos llega de sorpresa. Como Frente de Trabajadores Penitenciarios estuvimos trabajando 4 años con el gobierno, estuvimos negociando distintas leyes y siempre se nos indicó por parte del exministro (Luis) Cordero, como del actual ministro (Jaime) Gajardo, que Gendarmería no pasaría al Ministerio de Seguridad porque ellos tenían la convicción de que debía quedarse en el lugar donde estaba, que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué esto para nosotros es negativo? Básicamente porque la reforma constitucional no puede garantizar por sí sola que no se deterioren los derechos remuneracionales y previsionales de los funcionarios de Gendarmería. Esto porque lo que hoy día se está viendo dentro del Poder Legislativo es básicamente la idea de legislar con esta nueva reforma constitucional, pero posteriormente evidentemente van a haber modificaciones reglamentarias porque se modifica la calidad jurídica de Gendarmería de Chile, la cual dejaría de ser un servicio público para pasar a ser una institución de orden y seguridad.

—¿Tienen antecedentes de un aumento en los autodespidos de funcionarios? A su juicio, ¿hay riesgo en la estabilidad del sistema penitenciario?

Nosotros lo hemos venido advirtiendo como Frente de Trabajadores Penitenciarios en varias oportunidades, en distintas sesiones en la Cámara y también en el Senado, a los parlamentarios y a la autoridad les hemos hecho ver el escenario que se vive hoy día dentro de los funcionarios. Hay una incertidumbre que genera esta no garantía de las pérdidas de los derechos remuneracionales y previsionales que mantiene expectante a los funcionarios con más de 20 años de servicio, y quiero ser super enfática en eso, porque lo complejo de esto es que las personas que estarían en condiciones de presentar la renuncia voluntaria al servicio por esta incertidumbre de no tener la garantía de los derechos remuneracionales son cerca de 5.800 funcionarios. En la planta de suboficiales equivalen a 1/3 de la dotación. Por tanto, eso implica que perderíamos eventualmente a la gente que posee más de 20 años de servicio, que es quien maneja el sistema, lógicamente por la experiencia de los años, de una mejor manera con la población penal y con las distintas labores que cumple Gendarmería de Chile.

—¿Qué consecuencias podría tener esa situación en el sistema penitenciario?

Si tú pierdes de la dotación un número importante que tiene el profesionalismo y la experiencia de los años en el servicio penitenciario, nos arriesgamos a quedar a la deriva con funcionarios que no tienen la experiencia necesaria para sobrellevar el sistema penitenciario, lo que provocaría evidentemente una crisis importante en materia de seguridad. Esto ya sea por el aumento de riñas, motines, porque claramente el personal que quedaría bajo el mando de las cárceles sería un personal más nuevito y más inexperto.

—Con esta reforma sería una organización no deliberante. Desde el gobierno han destacado que no puede haber “sindicatos con armas”. ¿Cómo interpretan esa frase?

Nosotros lamentamos lo que se limita en esta reforma constitucional. Creemos que el sistema penitenciario es mucho más amplio que pretender si hay o no hay asociaciones. Ellos hablan mucho de las asociaciones armadas, he escuchado varias declaraciones del ministro Cordero y del ministro Gajardo sobre las asociaciones armadas, pero basta recordar que el modelo italiano que ellos han explorado para homologar en el país también cuenta con asociaciones. Nosotros tenemos una propuesta que entregar para poder trabajar de una mejor manera esta nueva modernización a Gendarmería. Llamamos al gobierno, al ministro Gajardo, a que abra los puentes para iniciar una conversación donde en fondo los derechos de los funcionarios sean representados. Existen formas para poder llegar a acuerdos y esperamos que podamos ser escuchados, poder —a lo menos— entregar en representación de los funcionarios, una propuesta que aborde las necesidades desde el propio personal.

—¿No han sido escuchados?

No, lamentablemente no hemos sido escuchados, no hemos tenido la oportunidad de entregar nuestra opinión respecto a esta reforma constitucional.

Salud mental, control de las cárceles y corrupción

—En otro tema, esta semana una funcionaria murió mientras estaba custodiando a una reclusa en la ex Posta Central y preliminarmente se trataría de un suicidio. Como gremio, ¿cómo evalúan la salud mental de los funcionarios? ¿Ha avanzado o empeorado con el correr de los años?

Nosotros lamentamos profundamente el deceso de la funcionaria, nos adherimos a las condolencias para su familia y amigos. Creemos que esto también obedece a una salud mental precaria para el personal de Gendarmería de Chile. A través de las distintas historias de leyes, incluso en Gendarmería de Chile, se da cuenta de que se reconoce que el trabajo que realiza el personal es un trabajo penoso y lamentable en materia psicológica. Eso está consagrado en las distintas normas que se han aprobado para los funcionarios y, en el análisis que se hace, una y otra vez se repite lo mismo (…) No obstante a eso, de que se reconoce a través del Estado en distintas oportunidades nuestra labor como una labor compleja, no contamos —en materia de salud mental— con un programa fuerte que aborde la situación para los funcionarios. Ahí nosotros tenemos también un déficit de duplas psicosociales que puedan atender a los funcionarios.

—A modo de conclusión, han habido errores en liberación, está el factor de la falta de personal y también casos de corrupción al interior de Gendarmería. Considerando estos antecedentes, ¿quién tiene el control de las cárceles hoy? ¿Sigue siendo el Estado?

Su pregunta es superprofunda y quisiera desarrollarla un poquito en el ámbito que me consulta. Hoy día yo puedo asegurar que las cárceles aún están en manos de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Nosotros tenemos el control de las cárceles, cuesta porque es luchar contra todo un sistema, pero todavía se mantiene el control. Como tú bien mencionas, hay un tema de corrupción dentro de las filas de Gendarmería, que nosotros no desconocemos y además lapidamos también. Como Frente de Trabajadores Penitenciarios no avalamos la corrupción. Es más, nosotros en mayo del año 2025, en materia legislativa presentamos un proyecto de ley que fue auspiciado por cerca de 10 a 12 parlamentarios dentro del Congreso, que buscaba el castigo de aquellos funcionarios que se alejaran de la propiedad administrativa y fueran condenados por actos de corrupción. Ese proyecto lo que buscaba era castigarlos de manera previsional para que si fueran condenados por estos hechos no quedaran con una pensión, que es lo que sucede hoy día. Hoy un funcionario con más de 20 años de servicio, que está dentro de una condena por corrupción, mantiene sus beneficios previsionales. Para nosotros eso era un premio a quien se alejó de de la misión de Gendarmería de Chile. Entonces, nosotros propusimos este proyecto (…) Quedó dormido en el parlamento, el Ejecutivo no lo auspició y creemos que era una herramienta para poder combatir concretamente el crimen organizado dentro de Gendarmería. Hoy día el cambio de ministerio, insisto, no modifica ni garantiza que la corrupción por el crimen organizado vaya a disminuir.

—¿A qué cree que se deben los hechos de corrupción? Extraoficialmente, sin justificar, se habla mucho de los sueldos bajos y que por ahí podría ingresar el crimen organizado. ¿Cuál es su evaluación?

Yo creo que el ingreso del crimen organizado a las filas de Gendarmería de Chile es multifactorial. O sea, desde la crianza que a uno le entregan en su casa, como también a la precariedad que se vive dentro del servicio. Entonces, hay una precariedad enorme respecto de cómo funciona el sistema penitenciario en las cárceles y eso, cuando hay un abandono del Estado hacia los funcionarios, va generando también un nicho donde puede ingresar la corrupción. Recordemos que hoy también la población penal ostenta ingresos mucho más altos de lo que pudo ser y claramente eso genera un cierto tipo de poder a la población penal para irrumpir en funcionarios de Gendarmería de Chile que claramente no tienen interiorizado lo que es la propiedad administrativa para nosotros.