Durante la jornada de este jueves, en el marco de una investigación sobre un posible fraude relacionado con multas de TAG en el Juzgado de Policía Local de La Granja, la Fiscalía Metropolitana Sur llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la Autopista Central.
El operativo, en conjunto con personal del OS9 de Carabineros, tuvo lugar en la oficina central de la concesionaria, ubicada en la comuna de Las Condes. La finalidad era buscar evidencia digital vinculada al caso.
Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, las diligencias forman parte de una causa por falsificación de instrumento público y cohecho. La semana pasada, un total de ocho personas fueron formalizadas.
6 imputados en prisión preventiva
Todos son funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó hoy la prisión preventiva de seis de estos. Los dos imputados restantes quedaron con medidas cautelares menores.
“Estas personas, en su calidad de funcionarios públicos, se les designaba como receptores para efectuar las notificaciones, pero en estos casos estas personas decían que el mismo día, a la misma hora, se encontraban, por ejemplo, en distintas comunas de la Región Metropolitana, lo que es físicamente imposible”, consignó el fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Sur.
“Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora, cosa que obviamente no era posible. ¿Y qué implica eso? Que estas personas reciben por cada una de las notificaciones una remuneración adicional a su sueldo que en promedio eran 30 mil pesos y a veces efectuaban 10, 20, 30 notificaciones, lo que implicaba un alto ingreso para estas personas”, profundizó.
En esa línea, enfatizó que “hay un punto de que las personas sí son deudoras de no pago de TAG. Lo que está mal realizado es el procedimiento y muchas de ellas no se enteraron de la notificación porque, como digo, existen estos estampados indicando que la persona estaba notificando en dos partes o más partes distintas a la misma hora y, por lo tanto, esa notificación nunca llegó a manos de las personas que estaban siendo demandadas”.
¿Qué se les imputa?
Tras ello, explicó que hay tres hechos por los cuales están siendo formalizados: “tienen que ver con la falsificación”. “Uno tiene que ver también con la creación de expedientes falsos que no corresponden al registro de ingreso del tribunal. Otra arista tiene que ver con la emisión de certificados con los cuales requerían, a través de oficios que no corresponden, digamos falsos en definitiva, información al registro civil. Y la otra imputación que tiene que ver con los estampados falsos de las notificaciones”, constató.
“También se les está imputando un delito de cohecho. Dado que, producto de estos oficios falsos, los funcionarios obtenían información que legalmente no podían obtener si no era a través de una causa legalmente tramitada, y por eso también se les formalizó por un delito de cohecho”, concluyó el fiscal.
Cabe mencionar que los hechos que se le imputaron a estos ocho funcionarios fueron registrados entre los años 2019 y 2020. De momento, no hay un avalúo total del dinero defraudado.
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