Incidentes en Instituto Nacional: Acogen querella para indagar posible encubrimiento de exdirectiva

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la querella presentada por la Dirección Jurídica de Santiago y que fue impulsada por el alcalde Mario Desbordes sobre la posible participación de funcionarios del Instituto Nacional con el ingreso de materiales incendiarios.

También se busca determinar el posible encubrimiento de los hechos bajo la anterior administración del establecimiento educacional, al no denunciar al sostenedor municipal.

La querella fue interpuesta debido al ingreso clandestino de bolsas diluyentes, telas y otros materiales para la elaboración de elementos incendiarios.

Los artefactos se descubrieron por escolta presidencial en dependencias subterráneas, debido a los preparativos de seguridad para la visita del Presidente de la República en agosto del año pasado.

La querella detalla que se debe investigar si existen antecedentes de encubrimiento de la antigua administración del Instituto Nacional y si tenía conocimiento sobre lo ocurrido y no lo denunció a la municipalidad.

Antecedentes de vehículos utilizados por los posibles funcionarios involucrados

La acción judicial también señala la posible participación de dos docentes del recinto educacional, que serían una profesora de filosofía y otro de educación física.

De acuerdo con los antecedentes, los vehículos de ambos fueron utilizados el 9 de agosto de 2024 para el ingreso de materiales para fabricar artefactos incendiarios.

El Municipio de Santiago resalta que la gravedad de la situación compromete la seguridad de estudiantes y docentes.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades y el Código Procesal Penal, el organismo puede ejercer acciones penales cuando este tipo de hechos afecta a los establecimientos educacionales de su sector.

Tras la admisión del trámite por parte del 7.° Juzgado de Garantía de Santiago, los antecedentes ahora pasarán por el Ministerio Público para esclarecer la posible participación de los responsables que tenían la obligación legal de denunciar.