Esta semana, el Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso de inaplicabilidad del alcalde de Recoleta y presidente de la Achifarp, Daniel Jadue, respecto a su liquidación forzosa solicitada por una empresa de insumos médicos durante la pandemia por COVID-19.

El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Asociación Chile de Farmacias Populares (Achifarp) respecto de la petición de liquidación forzosa que realizó la empresa Best Quality Products Spa.

Tras la resolución unánime de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional integrada por su presidenta, la ministra María Luisa Brahm Barril y los ministros Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y el suplente de ministro Armando Jaramillo Lira, quienes acogieron a trámite este requerimiento, junto con decretar la suspensión del proceso de liquidación forzosa.

Cabe destacar que la Achifarp ha rechazado las acusaciones de la empresa por una eventual deuda de $1.300 millones, sin embargo, desde el municipio asegurarían que a la fecha habrían pagado cerca de $460 millones, “por lo que una solicitud de liquidación forzosa sería absolutamente desproporcionada, indicaron desde la Asociación”, indicaron.

Por su parte, el alcalde de Recoleta y presidente de esta Asociación, manifestó su satisfacción con esta decisión del TC e indicó que “esto refuerza nuestro planteamiento de que aquí estamos frente solo a un diferendo comercial y que cualquier liquidación forzosa obedece más a una intencionalidad política que a otra cosa”.

“Tenemos la tranquilidad de que las farmacias populares siguen funcionando y que en absoluto han estado en peligro de continuar entregando medicamentos a precio justo en varias comunas del territorio nacional”, sentenció el alcalde de Recoleta.