Argumentando una serie de irregularidades en un convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social, la diputada Paula Labra (IND-RN) exigió al Ejecutivo poner urgencia a un proyecto que busca que se pueda acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. Desde el partido Republicano, su par Benjamín Moreno complementó que "el Poder Legislativo también tiene el deber de fiscalizar las distintas instancias del Poder Ejecutivo".
La diputada Paula Labra (IND-RN), le exigió al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley de su autoría, entre otras mociones, para acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.
“Necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la gobernadora del Maule, Cristina Bravo”, comentó la parlamentaria.
Lo anterior, argumentando que “el 4 de julio oficié a la Contraloría, para que se pronunciara sobre una serie de irregularidades en el convenio ‘Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros’, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social”.
“Estas irregularidades terminaron siendo confirmadas por el contralor Jorge Bermúdez y, dentro de las más graves, está el hecho que Contraloría constató que el Gobierno Regional del Maule fue el único de los investigados en el cual hubo tráfico de influencias”, agregó.
“Tráfico de influencias”
En concreto, la parlamentaria argumentó que “el tráfico de influencias quedó establecido producto de que Contraloría confirmó que el convenio se supeditó en su ejecución, a que la fundación Urbanismo Social contratara a personas vinculadas políticamente con la Gobernadora”.
Por otro lado, Labra sostuvo que “se acreditó que la descripción del convenio no tiene ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, que no justifican los montos finales ($264 millones) que se transfirieron”.
Respecto de la necesidad de acusar constitucionalmente a la gobernadora, Cristina Bravo, Labra agregó que “en virtud de la constatación del tráfico de influencias, sabemos que Contraloría está llevando a cabo un sumario en la Gobernación para perseguir las responsabilidades administrativas y fiscalía está haciendo lo propio con las responsabilidades penales”.
“No obstante, las responsabilidades políticas hasta aquí están sin ser determinadas. En el caso del Maule hay evidencia suficiente y no podemos permitir que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sean dirigidos al bolsillo de unos pocos”, añadió.
“A los gobernadores no los fiscalizan como se requiere”
Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, se refirió a lo mismo. Recordemos que el parlamentario es autor de otro proyecto que busca lo mismo que lo presentado por su par Paula Labra.
“Es evidente que a los gobernadores no los fiscalizan como se requiere y tienen que ser sujetos de acusación constitucional para que otro poder del Estado, y no los mismos miembros del Consejo Regional, sean también quienes fiscalicen a los gobernadores”, dijo.
Finalmente, Moreno concluyó que “así como el Ejecutivo fiscaliza al Legislativo, el Legislativo también tiene el deber de fiscalizar las distintas instancias del Poder Ejecutivo, que en este caso son los gobernadores”.
