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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil resolvió poner término anticipado a “la contrata” de cinco integrantes del equipo directivo del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel. La decisión se adopta tras supervisiones, una auditoría y una revisión interinstitucional que detectaron graves falencias en seguridad, salud, administración y en los procesos de intervención de los adolescentes. El recinto arrastra una prolongada crisis, con agresiones, armas hechizas y hasta el secuestro de un funcionario en su interior.
Una profunda reestructuración comenzó a ejecutar el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel, uno de los recintos más complejos del sistema juvenil del país y que durante los últimos años ha enfrentado acusaciones de gravísimos episodios de violencia.
Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, fue el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien analizó el escenario y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil decidió poner término anticipado a la contrata de cinco integrantes del equipo directivo del centro.
La medida alcanza a quienes ejercían la Dirección del Centro, la Jefatura Técnica, la Jefatura Administrativa, la Coordinación de la Unidad de Salud y la Coordinación de Oferta.
La decisión se produce después de distintas revisiones realizadas al funcionamiento del recinto. Supervisiones técnicas efectuadas entre fines de 2025 y 2026, además de una auditoría y el trabajo de una comisión interinstitucional, detectaron una serie de deficiencias en áreas consideradas críticas para un establecimiento que mantiene a adolescentes privados de libertad.
De acuerdo con fuentes de La Radio, los antecedentes reunidos llevaron al Servicio a establecer problemas en la gestión regular y continua de las funciones correspondientes a las distintas jefaturas, con consecuencias en el funcionamiento del centro y en la aplicación del principio del interés superior de los adolescentes.
Uno de los centros más complejos del país
La decisión no se produce en un escenario aislado. Coronel arrastra una crisis que durante los últimos meses ha obligado al Ministerio de Justicia, Gendarmería y al propio Servicio de Reinserción Social Juvenil a intervenir de manera creciente en el funcionamiento del recinto.
En junio, los propios trabajadores del Servicio calificaron al CIP de Coronel como “el más violento de Chile” y aseguraron que las estadísticas internas mostraban que era el establecimiento con mayor incautación de armas hechizas a nivel nacional. Los funcionarios advertían entonces que las agresiones entre los propios jóvenes y contra los trabajadores eran habituales.
Los hechos registrados posteriormente terminaron por profundizar esas alertas.
El 11 de junio, tres jóvenes privados de libertad resultaron lesionados durante riñas con armas blancas hechizas. Apenas días después, el 17 de junio, un grupo de internos agredió a un educador lanzándole pintura y, de acuerdo con el relato entregado por el funcionario, también orina.
El episodio más grave ocurrió a comienzos de septiembre, cuando un tutor del recinto fue retenido y agredido por jóvenes que permanecían internados en Coronel. La Fiscalía abrió una investigación por el hecho y el Gobierno anunció una querella por secuestro.
Los antecedentes conocidos posteriormente dieron cuenta de la gravedad del episodio, ya que el trabajador fue golpeado, obligado a portar armas hechizas y droga y fotografiado con esos elementos. Además, recibió amenazas contra él y su familia. Según los antecedentes de la investigación, las fotografías buscaban ser utilizadas para presionarlo con una eventual divulgación de las imágenes y conseguir que ingresara drogas al establecimiento.
El hecho reveló además otro problema de seguridad. Dentro de la investigación, las fotografías fueron tomadas con un teléfono celular que había ingresado irregularmente al recinto. Tras el episodio, un procedimiento de Gendarmería permitió incautar, al igual que en una cárcel, armamento artesanal elaborado al interior del mismo centro.
La situación llegó al propio Ministerio de Justicia. Durante una visita realizada en septiembre, el subsecretario Luis Silva evitó definir al CIP de Coronel como el establecimiento más peligroso del país, pero reconoció que se encontraba bajo “atención preferente” debido a los graves hechos de violencia registrados en su interior.
La intervención desde Justicia
En medio de este escenario, las autoridades ya habían comenzado a adoptar decisiones para intentar contener la crisis. Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, previamente se produjo la salida del coronel de Gendarmería que se encontraba a cargo de la seguridad del centro. A ello se sumaron reiterados viajes a Coronel de la jefa de la División de Reinserción Social para buscar una salida a la crisis.
La situación obligó además a adoptar medidas respecto de algunos de los adolescentes considerados de mayor complejidad, disponiéndose su traslado a la sección juvenil de Gendarmería en Chillán.
La instrucción emanó directamente del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En ese contexto, integrantes del equipo directivo de Gendarmería concurrieron al Ministerio, donde se les transmitió la orden de coordinar un trabajo especial con Reinserción Juvenil para enfrentar la situación de Coronel. Reuniones que se materializaron en las últimas semanas.
Las graves falencias detectadas
Uno de los aspectos observados corresponde al tratamiento de los denominados eventos críticos.
Las revisiones determinaron que distintas situaciones ocurridas al interior del recinto no completaron los procedimientos establecidos. En algunos casos, los hechos no fueron denunciados oportunamente o no se activaron todos los mecanismos de reportabilidad correspondientes.
Las inspecciones también detectaron problemas en el manejo de bienes y medicamentos. Entre las observaciones aparecen la falta de registros de stock y de administración de determinados insumos, incluidos medicamentos utilizados en intervenciones vinculadas con la salud mental de los jóvenes.
Las falencias alcanzaron además uno de los objetivos centrales del propio sistema, que está orientado a la intervención destinada a conseguir la reinserción de los adolescentes.
De acuerdo con los antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, no existían registros suficientes de supervisión ni de análisis de los planes de intervención de los jóvenes, herramientas esenciales para determinar, ejecutar y evaluar sus respectivos procesos.
También se establecieron problemas con las rutinas y actividades programadas. Las revisiones concluyeron que parte de esas actividades no podían ser verificadas o simplemente no se ejecutaban de acuerdo con lo planificado, generándose extensos períodos de ocio dentro del establecimiento. Una situación especialmente sensible, considerando que la estructuración de rutinas constituye uno de los ejes de los procesos de intervención y reinserción social.
A ello se agregaron bodegas e inventarios sin controles suficientes y observaciones de seguridad que permanecían sin una gestión adecuada.
Los antecedentes resultan particularmente relevantes porque las deficiencias detectadas no sólo alcanzaban la seguridad del recinto, sino también las herramientas que precisamente debían permitir que los jóvenes cumplieran procesos efectivos de intervención y reinserción.
Remoción de la primera línea
El conjunto de estos antecedentes terminó por precipitar una decisión respecto de la conducción del establecimiento.
Siempre según fuentes de La Radio, el Servicio consideró especialmente graves las falencias debido a que comprometen áreas directamente relacionadas con la seguridad, la salud y los procesos de reinserción de adolescentes privados de libertad.
Con el término anticipado de las cinco contratas, el Servicio interviene prácticamente toda la primera línea de conducción del CIP de Coronel.
