Caso Puerto Coronel: trama de coimas que tiene a alcalde con arresto nocturno y a exgerenta acusada

El pasado lunes 15 de diciembre, se concretó una nueva audiencia relacionada con el caso Puerto Coronel, jornada en la cual fue formalizada por administración desleal Michelle Prater, exgerenta interina de la empresa, instancia en la que fue reformalizado el alcalde Boris Chamorro, a quien se le acusa por el delito de cohecho reiterado.

Cabe recordar que el proceso judicial en curso investiga el posible pago de coimas desde la empresa a la máxima autoridad comunal.

En lo referido a Michelle Prater, quien fue gerenta interina de Puerto Coronel hasta octubre de 2023 y que quedó con las cautelares de arraigo nacional y firma mensual, la fiscal Glenda Lagos sostuvo que se le acusa por “omitir acciones destinadas a impedir los desvíos de los dineros”.

Esto último, pese al “deber que tenía de salvaguardar el patrimonio” de la firma, señaló la persecutora.

A su vez, con la misma cautelar que la ejecutiva norteamericana quedaron Javier Anwandter y el empresario Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Leonidas Romero.

Este último es investigado por la creación de un “esquema defraudatorio en perjuicio” de la portuaria, mediante la permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava SA, lo que habría generado un perjuicio a la compañía de más de 482 millones de pesos.

Asimismo, según los antecedentes entregados el lunes pasado por la fiscal Glenda Lagos, el fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, el gerente general de la compañía hasta fines de 2021, Javier Anwandter, y el otrora gerente de administración y finanzas, Daniel Chamorro Madariaga “dispusieron del patrimonio” de la citada firma para “generar pagos” en favor del primero, cuyos montos estaban por sobre lo que le correspondía en su calidad de director.

Para ello, se emitieron facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados a través de su empresa, la sociedad de inversiones Codegua Ltda, además otros pagos como “supuesta proveedora” del puerto. lo que habría generado un perjuicio para la compañía de 626 millones de pesos.

Alcaldes con el mismo apellido y acusación de incumplimiento de cautelar

En la audiencia ya mencionada, la fiscal Glenda Lagos pidió que el alcalde Boris Chamorro quedara con arresto domiciliario total, debido a que incumplió en dos oportunidades el arresto nocturno durante un viaje que realizó, en el cumplimiento de su cargo, a Santiago.

“Con fecha 27 de octubre de 2025, carabineros concurren a las 23:45 horas al citado Hotel Panamericano. Allí se entrevistan con el recepcionista, quien intenta tomar contacto en reiteradas ocasiones con el requerido, no logrando contactarlo de manera telefónica ni presencial en su habitación”, expuso la persecutora.

Por su parte, el abogado defensor Waldo Ortega, quien representa a Chamorro, descartó dicho incumplimiento y apuntó a un error del personal del hotel donde se hospedaba el alcalde, ya que en el recinto había otro jefe comunal con el mismo apellido, correspondiente al alcalde de Calama, Eliezer Chamorro.

En tanto, el segundo episodio se registró la madrugada del 30 de octubre, pese a que el alcalde debía pernoctar esa noche en la capital, según la solicitud realizada al tribunal.

Sin embargo, el jefe comunal se retiró durante la tarde del día anterior, señaló Ortega.

“Un peligro para la sociedad”

Debido a lo anterior, el Ministerio Público solicitó intensificar las medidas cautelares, petición a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado, donde el abogado querellante, Georgy Schubert, indicó que Chamorro “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Eso sí, el juez Jorge Henríquez apuntó a la desigualdad en el argumento de la Fiscalía, ya que en otros casos similares no se pide agravar la cautelar, aunque calificó el incumplimiento como “grave”.

Pese a todo, se rechazó la solicitud de la Fiscalía y el alcalde imputado en el caso Puerto Coronel seguirá con arresto domiciliario nocturno.

El 16 de octubre pasado, la justicia amplió en tres meses el plazo de la investigación, cuya causa indaga delitos económicos, tributarios y de corrupción, por lo que en enero se discutirá una posible ampliación de la indagatoria o su respectivo cierre.