Alcalde de Coronel en silencio por nueva formalización: ex jefe jurídico acusó "invento" de Fiscalía

Con una semana de vacaciones está el alcalde de Coronel, Boris Chamorro. Por eso es que ha preferido no referirse a la decisión del Ministerio Público de formularle cargos, ahora por fraude al Fisco.

Recordemos que se le imputa ese delito por haber impulsado la rebaja -de $1.200 millones a tan solo $2 millones de pesos- en la deuda que por patentes comerciales tenía la Embotelladora Llacolén, empresa de Alberto Scuncio, el año 2020.

Ahora, quien sí respondió las consultas de Radio Bío Bío fue quien entonces era el director jurídico de la Municipalidad de Coronel, Cristian Pinto, a quien se le imputará haber informado favorablemente la condonación.

El abogado fue categórico al descartar la existencia de un ilícito y, en esa línea, aseguró que “debe ser el juicio penal más inventado que tiene la Fiscalía“.

“Finalmente, esa causa se resuelve con un fallo de la Corte de Apelaciones, así que si hay alguien que tiene la responsabilidad sería la Corte en este caso”, acotó.

Su abogado defensor, Andrés Cruz, se manifestó en la misma línea, asegurando que justamente por estar clara la inocencia de su cliente es que él declaró en la causa, estimando que no se puede imputar un fraude a Pinto al haber sugerido un acuerdo con la empresa.

“Nos parece completamente desmedida la decisión que ha adoptado el Ministerio Público“, afirmó.

Otros imputados y respuesta de empresas Scuncio

Además del alcalde y el abogado, serán imputados los cuatro concejales que aprobaron la rebaja de la deuda por patentes comerciales.

Al respecto, la exedil Carmen Madinagoitia, quien rechazó el acuerdo, expresó su satisfacción con la decisión de la Fiscalía, ya que -dijo- se hará justicia.

En tanto, desde el grupo de empresas Scuncio habló su abogado, Gonzalo Cisternas, quien aseguró que los dos millones de pesos finalmente cancelados se ajustaron a lo señalado por los tribunales, en cuanto a que el pago por patente era de sólo una unidad tributaria mensual.

Por ello, ahora demandarían para que el municipio devuelva lo cancelado en exceso -cerca de $400 millones- antes del fallo judicial.

La formalización está agendada para el 29 de diciembre próximo, previéndose, según fuentes consultadas, que la fiscal Glenda Lagos pida la prisión preventiva para Chamorro, argumentando los cargos que enfrenta ya el alcalde por cohecho en el caso Puerto Coronel.