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En el juicio por la muerte de Tomás Bravo, el tío abuelo Jorge Escobar acusó al primer fiscal del caso de amenazarlo para que se culpara del crimen, enfrentando ahora el cargo de abandono de menor con resultado de muerte y 10 años de cárcel. En su testimonio, relató el día de la desaparición del niño y denunció presiones del fiscal para admitir responsabilidad. La defensa rechazó que la pérdida de vista momentánea del menor constituya abandono.
El tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar, acusó que el primer fiscal del caso lo amenazó para que se culpara de haber matado al niño. Esto, en el marco del juicio donde enfrenta el cargo de abandono de menor con resultado de muerte, arriesgando 10 años de cárcel, según lo solicitado por la Fiscalía del Bío Bío.
Se trató de la primera parte del testimonio que Jorge Escobar Escobar quiso entregar ante los jueces del Tribunal Oral de Cañete, en lo que constituye además la primera vez que el acusado por la desaparición y muerte de su sobrino nieto relata lo ocurrido el 17 de febrero de 2021.
La acusación del tío abuelo en el caso Tomás Bravo
En una declaración de aproximadamente 45 minutos, el hombre de 61 años detalló lo sucedido en las horas previas al momento en que perdió de vista a Tomás Bravo, los días hasta el hallazgo del cuerpo y lo vivido después de que el fiscal de Arauco, José Ortiz, lo imputara por la violación y el homicidio del niño.
Sobre este último punto, acusó que el persecutor lo visitó en la cárcel para amenazarlo con el presidio perpetuo si no admitía su responsabilidad, y para conminarlo a firmar una serie de papeles; conducta que el defensor regional Osvaldo Pizarro reiteró y calificó como irregular.
Tras la declaración voluntaria, el acusado fue interrogado por la fiscal regional Marcela Cartagena, quien insistió en los 2 a 3 minutos que el hombre perdió de vista a su sobrino nieto tras bajar una pendiente a buscar unos animales.
Al respecto, el defensor Pizarro fue categórico al descartar que esa situación pueda constituir el abandono de un menor.
Para el juicio se permitió la presencia de medios de comunicación, pero con la prohibición de captar imágenes o grabar audio, lo que regirá durante las seis semanas de audiencias. La fiscal Cartagena evitó entregar declaraciones en esta ocasión.
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