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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, enfrenta una querella por fraude al Fisco relacionada con millonarias deudas de la embotelladora Llacolén en patentes comerciales que la municipalidad no cobró. Esta acción del Consejo de Defensa del Estado se suma a la formalización del jefe comunal por el caso Puerto Coronel, donde quedó con arresto domiciliario nocturno. Se le imputan maniobras ilegales que permitieron a la empresa de Martín Scuncio no pagar al municipio alrededor de mil millones de pesos, y la querella también apunta a concejales que aprobaron avenimientos que rebajaron la deuda de la embotelladora en 2020. Además, la acción legal debe ser declarada admisible por el tribunal antes de ser remitida al Ministerio Público, mientras que la municipalidad enfrenta otras dos investigaciones por capacitaciones fantasmas y licencias de conducir vendidas en la Dirección de Tránsito.

Una querella por fraude al Fisco enfrenta el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ahora en relación a millonarias deudas de la desaparecida embotelladora Llacolén, por concepto de patentes comerciales, y que la municipalidad no cobró.

Se trata de una arremetida del Consejo de Defensa del Estado en medio de la formalización del jefe comunal por el caso Puerto Coronel, donde quedo con arresto domiciliario nocturno.

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Ahora le imputan a Chamorro maniobras ilegales que permitieron la empresa de Martín Scuncio no pagar a la corporación edilicia alrededor de mil millones de pesos.

La querella, ingresada al Juzgado de Garantía el domingo por la abogada Paula Villalobos, apunta también a los concejales que el 7 de julio del año 2020 aprobaron dos avenimientos propuestos por el alcalde Chamorro, y que rebajaron la deuda de la embotelladora.

La acción legal del Consejo de Defensa del Estado debe ser declarada admisible por el tribunal, antes que pueda ser remitida al Ministerio Público.

Lo anterior, pues además del caso Puerto Coronel, tiene abiertas otras dos investigaciones contra la municipalidad: una por las llamadas capacitaciones fantasmas y otra por las licencias de conducir que se vendían en la Dirección de Tránsito.