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El recién electo alcalde de Coronel, Boris Chamorro, junto a otros 7 imputados, entre ellos el exconcejal Eduardo Araya y exaltos ejecutivos del Puerto Coronel, enfrentaron la formalización por cohecho, delitos tributarios y administración desleal. La fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, investiga tres aristas relacionadas con sobornos a autoridades locales, intervención de pymes proveedoras en el desvío de fondos y responsabilidad de exaltos cargos en el pago irregular de platas. Además, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delitos tributarios contra exejecutivos y contratistas de Puerto Coronel, generando un perjuicio fiscal de $497.477.513 entre los años 2019 y 2023.

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Pasadas las 08:30 horas de este lunes comenzó la formalización del alcalde reelecto de Coronel, Boris Chamorro, y otros 6 imputados por cohecho, delitos tributarios y administración desleal.

Dentro de los otros imputados está el exconcejal del Partido Socialista, Eduardo Araya, y exaltos ejecutivos del Puerto Coronel como Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de la firma, Javier Anwandter, exgerente de la compañía y Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas del terminal portuario.

Cabe recordar que son tres aristas las que investiga la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, en el marco de la denuncia realizada el 21 de noviembre de 2023 por el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román.

La primera tiene que ver con los sobornos que la empresa habría hecho llegar al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y al entonces concejal Eduardo Araya, además de cuatro dirigentes sindicales que aún no han sido formalizados.

La segunda está dirigida a establecer la intervención de pymes proveedoras del puerto, las que habrían facilitado facturas ideológicamente falsas que justificaban en la contabilidad empresarial la salida de dineros para coimas, pero también de recursos que habrían ido a los bolsillos de exejecutivos.

La tercera de las aristas, justamente, involucra a esos exaltos cargos gerenciales y directivos de Puerto Coronel, que habrían ordenado, ejecutado y conocido el modus operandi para el pago irregular de platas.

De igual manera, cabe señalar que el alcalde Boris Chamorro asumió el recién pasado viernes 6 de diciembre, tras ser reelecto como jefe comunal. Todo, en medio de la investigación en su contra.

Formalización por caso Puerto Coronel | Poder Judicial
Formalización por caso Puerto Coronel | Poder Judicial

Corrupción dentro de Puerto Coronel

En la denuncia presentada por la actual gerencia respecto de quienes dirigieron Puerto Coronel hasta la llegada de Patricio Román, no es sólo haber presuntamente sobornado a personas como el alcalde Chamorro, el concejal Araya y sindicalistas, sino también haber defraudado a la compañía con fines personales.

Y en ese sentido, de acuerdo a los antecedentes obtenidos por Radio Bío Bío y que indaga la fiscal Aguayo, es que al menos el expresidente del directorio de la porturia, Eduardo Hartwig, a través de facturas emitidas por la sociedad Codegua habría desviado a sus cuentas bancarias 5 mil unidades de fomento anuales, desconociéndose cuándo implementó ese pago ilegal de recursos.

Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delitos tributarios en contra de exjecutivos y contratistas de Puerto Coronel.

Querella del SII por delitos tributarios

También, el escrito va dirigido contra los empresarios Víctor Olivares y Hernán Romero. Este último, hermano del parlamentario de oposición Leonidas Romero.

Si bien la querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Coronel el pasado 3 de octubre, fue el día 7 del mismo mes donde se declaró como admisible y, por lo tanto, acogida a tramite por el tribunal de esa comuna.

Dentro de los hechos que expone la querella está la “realización de maniobras maliciosas destinadas a aumentar el verdadero monto de los créditos fiscales del IVA mediante la utilización de facturas falsas”, “la devolución indebida de impuestos a Puerto de Coronel amparada en facturas falsas” y la “facilitación de facturas falsas destinadas a cometer o posibilitar la comisión de delitos tributarios”.

Lo anterior, con base al periodo tributario comprendido entre los años 2019 y 2023.

Los tres hechos que expone el Servicio de Impuestos Internos en la acusación, previstos en el articulo 97 N°4 incisos segundo y tercero del Código Tributario, habría generado un perjuicio fiscal total de $497.477.513 (cifra actualizada a septiembre de 2024), por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

Finalmente, los querellantes en esta causa son el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y el mismo Puerto Coronel.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)