Se trata de un caso que ocurrió en 2019. Desde la Fiscalía acreditaron la responsabilidad del -actual- abogado, sin embargo, aclararon que el jurista recibió su título recién en 2021, por lo que se le acusa por el delito de estafa y no el ejercicio ilegal de la profesión.

Un abogado penquista arriesga ser llevado a juicio por su responsabilidad en una millonaria estafa, la que involucró la compraventa de una propiedad y que dejó como víctimas a quien vendía la casa y a quien pagó por el inmueble.

La investigación fue abierta por la Fiscalía en agosto de 2019, tras denunciar las víctimas, Ingrid Larroucau y Luis Guerrero, que una parte importante de los $165 millones de pesos que involucró la transacción habían ido a parar a los bolsillos del abogado a cargo de los trámites legales de la compraventa.

La mujer pidió a quien entonces conocía como abogado, Julio Briones Soto, encargarse de los documentos para concretar la venta de su casa en las Lomas de San Andrés, en Concepción, región del Bío Bío.

El comprador entregó tres vale vista a Briones por $120 millones, y los restantes $45 millones pagados directamente a la vendedora, como explicó su abogada Pamela Jiménez.

Se realizaron “todos los trámites necesarios para venderle su casa y con ese dinero pagar en el Banco de Chile un crédito hipotecario que pesaba sobre esa casa”, detalló.

“Sin embargo, ese dinero jamás lo hizo llegar al banco. Incluso, en su momento él culpó a los ejecutivos del banco de haberse quedado con ese dinero“, afirmó.

Por ello, aseguró que “en realidad, quien se apropió de esos $120 millones fue don Julio Briones“.

Fiscalía revela que abogado penquista recibió su título en 2021

En la investigación la fiscal Pamela Lillo acreditó la responsabilidad de Briones, quien recibió su título de abogado recién en 2021, pero sólo imputando el delito de estafa y no el ejercicio ilegal de la profesión.

La preparación del juicio está agendada para marzo, pidiendo el Ministerio Público una pena de cárcel y otra en forma de multa por $2 millones. A esta acusación se sumó el abogado Waldo Ortega, como querellante por Luis Guerrero.

Según la jurista Jiménez, la gravedad de este caso está en el engaño por parte de alguien que se hizo pasar por abogado.

Como el hipotecario no fue cancelado, Ingrid Larroucau quedó con la deuda, siendo la casa embargada por el banco, y Luis Guerrero sin la propiedad, pese a que pagó los $165 millones.