Hace pocas semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recién finalizó el conteo oficial de los votos de las elecciones presidenciales realizadas en abril. Este hecho -al menos escandaloso-, ha despertado una ola de críticas al proceso electoral que llevó a la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular y a Roberto Sánchez del sector de la izquierda Juntos por el Perú a la segunda vuelta.
Con el 17,1% de los sufragios, Fujimori se instala por cuarta vez en el balotaje con la esperanza de dejar atrás décadas de antifujimorismo. Por su parte, Sánchez con un 12% se impuso por la mínima a Rafael López Aliaga (11,9%), el principal crítico del desprolijo conteo de votos.
Desde el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2016, Perú entró en una ola de salidas precipitadas de sus presidentes electos. Bajo mecanismos como la incapacidad moral permanente, fueron vacados PPK, Martín Vizcarra, Manuel Merino, hasta llegar a Francisco Sagasti. Luego, resultó electo Pedro Castillo, quien luego de un intento de autogolpe, fue reemplazado por Dina Boluarte, José Jerí y finalmente José María Balcázar, quien se encuentra en funciones hasta la segunda vuelta del 7 de junio. Al asumir el nuevo gobernante, el Perú completaría nueve presidentes en una década, reflejando su inestabilidad política y la debilidad institucional de la presidencia de la República.
En este contexto, ya antes de la segunda vuelta resultan evidentes los conflictos políticos que enfrentará el nuevo mandatario. Apenas se inicie el nuevo mandato, la palabra fraude resonará con fuerza por parte de los opositores del nuevo gobierno. Si Keiko Fujimori en 2021 llegó a cuestionar los resultados dada la estrecha distancia con Castillo (44.000 aprox.), ya no será la única que rechace los resultados en caso de una derrota.
Por el bien de la democracia peruana, resulta vital que no se repitan en la segunda vuelta los problemas en la organización del proceso electoral y del conteo de votos. Actualmente no hay mucho espacio para nuevos errores que sigan erosionando la credibilidad del sistema político peruano.
Como ya ha sido explicado por la ciencia política, a partir del gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, el sistema de partidos de dicho país colapsó y surgen principalmente conglomerados personalistas de corta duración.
Esto, sumado a conocidos casos de corrupción que han llevado a la mayoría de los expresidentes peruanos a la justicia, contribuye a la excesiva personalización de la política y a una débil institucionalización de su sistema de partidos, lo que significa poca predictibilidad y estabilidad.
Con todo, la situación no es muy auspiciosa en términos políticos, pero como sabemos, Perú se las arregla para mantener una política económica estable que le ha permitido seguir avanzando de forma sólida en materias de inversión y desarrollo. Con relación a Chile, quien resulte electo deberá hacerse cargo de una serie de problemas internos y de debilidad institucional.
Dicho esto, históricamente la Cancillería peruana ha destacado por su carácter profesional, por lo que es esperable que las relaciones comerciales continúen en buen pie, y lo mismo se espera de materias de migración y lucha contra el crimen organizado, donde ambas naciones deben hacer esfuerzos conjuntos.
Hugo Jofré
Investigador
Instituto Libertad
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