Luego que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, apuntara contra las empresas por la falta de resguardo en las obras tras la toma de departamentos en San Pedro de la Paz, desde la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción refutaron sus dichos, recalcando que las materias de seguridad pública son prorrogativas exclusivas del Poder Ejecutivo.
La Cámara Chilena de la Construcción en Concepción refutó los dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien apuntó contra las empresas privadas por la tardía entrega de las casas y la falta de resguardo de las obras tras la toma y posterior desalojo de departamentos en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío.
Ante esta ocupación ilegal, el titular del Minvu criticó a la empresa a cargo del proyecto Prais 1 y Prais 2, aseverando que pese a tener el 99% de la obra terminada desde el año pasado, “entraron a reorganizarse por una situación financiera” lo que estacó la entrega de los inmuebles a los propietarios.
Montes dice que empresas deben resguardar mejor las obras
De igual forma, indicó que han tenido conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción para “hacerles ver que las empresas deben resguardar mejor las obras y, a su vez, se debe acelerar el proceso de entrega cuando las viviendas estén listas”.
Últimos dichos que no cayeron nada de bien en los interpelados, la Cámara Chilena de la Construcción, que mediante un comunicado refutaron las declaraciones de Montes, indicando que “la posición de nuestro gremio es que la seguridad pública y el resguardo por el Estado de Derecho es una prerrogativa central y exclusiva del Poder Ejecutivo”.
Por ello, argumentan que “el camino no es que las empresas constructoras deban fortificarse o establecer sistemas de protección para evitar el asalto de turbas altamente violentas, a fin de proteger sus obras”.
Sobre la demora en la entrega de las viviendas, afirman que el problema radica en el Estado, específicamente en el Serviu y las direcciones de Obras Municipales.
Proponen que propietarios reciban viviendas en cuanto cuenten con servicios básicos
Por eso proponen que “las obras de vivienda social tengan prioridad en la tramitación de entrega y que éstas apenas cuenten con los servicios básicos, sean entregadas a sus propietarios y desde ahí concluir el proceso de recepción final”.
También solicitan al Gobierno, reponer la resolución 105 del Minvu, derogada en 2015, donde se establecía que las personas que se tomaban violentamente viviendas quedaban inhabilitadas para postular a beneficios estatales para acceder a casas.
A juicio de la CChC, lo anterior desincentivaría a quienes “buscan saltarse la fila y burlar el sistema por la vía de negociaciones por la fuerza”, cerraron.
