Los denunciantes en el caso Asipes evaluarían ir al Tribunal Constitucional para intentar frenar la decisión del Ministerio Público de cerrar y no perseverar en la investigación por los aportes de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío. Desde el año pasado, la máxima instancia judicial ha permitido que los querellantes inicien juicios cuando el fiscal desiste de seguir la indagatoria.
Desde que fueron notificados de la resolución de la fiscal regional, Marcela Cartagena, los querellantes en el caso Asipes han mantenido silencio, indicando que deben analizar con sus clientes los pasos a seguir.
¿Podría ser una alternativa la puerta que ha abierto el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional la facultad de no perseverar del Ministerio Público?
Al respecto, algunos abogados indicaron escuetamente que lo estaban discutiendo con sus clientes, sin una decisión aún, mientras que otros se limitaron a señalar que se trataba de una posibilidad interesante.
La facultad de no perseverar, que se aplicará para Asipes y los políticos investigados desde hace cuatro años, está siendo cuestionada como una medida administrativa que impide a las víctimas obtener la justicia en sus casos, algo que no ocurría en el sistema antiguo, subrayó el penalista Rodrigo Vera Lama.
Y con ese argumento es que el año pasado abogados querellantes fueron al Tribunal Constitucional, siendo acogidos siete requerimientos y permitiendo los jueces de la instancia presentar acusaciones sin que ni siquiera la Fiscalía haya formalizado, y así llevar a juicio a las personas investigadas e imputadas.
El abogado Claudio Vega es uno de ellos, explicando los argumentos que ha tenido el tribunal para declarar inconstitucional la facultad de no perseverar y dar la razón a los querellantes.
Quien también ha recibido la luz verde para seguir la persecución penal sin el Ministerio Público es el exfiscal Andrés Cruz, quien admitió en todo caso que no es algo simple para un abogado poner en marcha un juicio oral.
Los querellantes en el caso Asipes tiene menos de tres semanas para decidir ir al Tribunal Constitucional, pues la audiencia donde la fiscal regional del Bío Bío informará su resolución está fijada para el 6 de octubre, debiendo los abogados ingresar el requerimiento antes de esa fecha y así lograr que mientras haya una sentencia el tribunal paralice el trámite de la causa en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
