La Municipalidad de Concepción deberá fiscalizar las obras de un edificio en altura que se autorizó en el sector de Collao.
Se trata de un proyecto que se desarrolla a un lado del colegio Ego Sum para niños con síndrome de Down y que desde el comienzo de las faenas generó todo tipo de impactos, desde la contaminación acústica, a las vibraciones en un amplio perímetro.
La orden fue dictada por la Corte de Apelaciones penquista al acoger el recurso de protección presentado por la Asamblea Puchacay.
La organización pidió sin éxito revocar el permiso de construcción. No obstante, accedieron a la fiscalización de los trabajos hasta su fin, según indicó el dirigente de la agrupación, Samuel Carrasco.
La acción legal apuntaba a la Dirección de Obras Municipales y a la empresa que impulsa el proyecto, la Inmobiliaria Lontué Cinco.
Una sentencia ejemplar
El abogado Javier Inostroza explicó que si bien no se revocó el permiso de edificación, la sentencia es ejemplar. Esto, pues establece que la responsabilidad del municipio no termina con la aprobación para construir un edificio.
En otra parte del fallo, el tribunal de alzada ordenó a la Municipalidad de Concepción denunciar la contaminación acústica y las vibraciones a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Este organismo que ya realizó una fiscalización y constató las infracciones ambientales de parte de la Inmobiliaria Lontué.
