Una contradictoria postura está teniendo la Corte de Apelaciones de Concepción en relación a los esfuerzos para retomar el funcionamiento de los Tribunales Orales de la región del Bío Bío.
Y es que por una lado el tribunal de alzada lidera reuniones para acercar las posiciones entre la Defensoría y el Ministerio Público referente a la materia, mientras que por otro está obligando a que los jueces orales -ante la poca actividad que tienen- a cooperar en la tramitación de los más de 50 mil recursos de protección contra las isapres ingresados en los últimos meses a la corte.
Al mantenerse las diferencias entre la Fiscalía y la Defensoría, a favor y en contra de los juicios presenciales, la Corte de Apelaciones ya entregó alrededor de 300 recursos a cinco magistrados no inhabilitados para intervenir en las acciones legales contra las isapres.
En el caso de los jueces orales que se inhabiliten para esa labor, el Pleno de Ministros dictó una resolución, con fecha 27 de mayo, que advierte que esos magistrados serán convocados para trabajar en el cargo de relatores, de manera de dar continuidad al servicio de la Corte de Apelaciones de Concepción.
