El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reescribir una declaración en favor de una exfuncionaria que renunció a la Corporación Municipal tras denunciar una vulneración de derechos.
Todo comenzó el 21 de noviembre de 2023, cuando la entonces secretaria general de la Corporación Municipal de La Florida, Janett Fernández Pizarro, presentó una licencia médica.
Este permiso fue presentado al municipio justo después de que se iniciara un sumario administrativo en su contra, ya que subalternos de Fernández denunciaron malos tratos de su parte.
Si bien la licencia era por 11 días, la exfuncionaria de La Florida presentó nuevos documentos y extendió su reposo hasta el 15 de enero. Sin embargo, según consta en sus propias redes sociales, se le pudo ver en distintas actividades sociales —catalogadas por algunos como una presunta campaña política— como encuentros con juntas de vecinos o celebrando la misa de Navidad.
Tras ello, Fernández aclaró a Radio Bío Bío que sus licencias fueron producto de una enfermedad común que “podría ser atribuida a motivos de hostigamiento laboral”. Asimismo, indicó que la recomendación médica no fue de reposo absoluto, sino de añadir actividades recreativas a su recuperación.
La denuncia por acoso laboral
Finalmente, la extrabajadora de la Corporación Municipal denunció a esta entidad por vulneración de derechos, asegurando que fue víctima de acoso laboral y, por consiguiente, presionada a renunciar bajo la amenaza de iniciar una investigación en su contra.
Tras llegar a un acuerdo, el municipio se comprometió a pagar la suma de $21.111.714 a Janett Fernández. Pero eso no era todo, ya que además el alcalde Rodolfo Carter, en calidad de presidente del directorio de la Corporación, debía emitir una declaración pública reconociendo la labor de la demandante.
Si bien el jefe comunal redactó el documento, este no cumplió con los requisitos establecidos en el acuerdo:
Se reconozca y valore la importante labor realizada por la demandante en el ejercicio de su cargo y señalando que ninguna de las acciones realizadas por la demandada buscó afectar la integridad, dignidad o derechos de la demandante.
Es por esto que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago le ordenó redactar una nueva declaración pública. Esta deberá ser digitalizada dentro del quinto día desde la resolución, que fue el jueves 9 de mayo, bajo apercibimiento de “resolver lo que en derecho corresponda”.
