De una serie de evaluaciones va a depender el término del año escolar para el alumno expulsado del Liceo Enrique Molina, luego que la Daem le aplicara la normativa antiviolencia conocida como Ley Aula Segura. La medida se enmarca en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que rechazó un recurso de protección.
Fue a raíz de su conducta en una manifestación realizada en abril pasado que las autoridades del establecimiento municipal decidieron la expulsión de Sebastián, quien cursaba cuarto medio en el Liceo Enrique Molina.
Tras la medida aplicada de acuerdo a la Ley Aula Segura, la madre del estudiante, Linda Aqueveque, recurrió a una medida de protección, acción legal que la Corte Suprema rechazó pero decretando que la sanción sea aplicada una vez que el joven termine su año escolar.
En esa línea el director del Liceo Enrique Molina, Julio González, informó a la apoderada que para cumplir la sentencia el joven deberá someterse a una serie de evaluaciones, ante la imposibilidad legal de que pase automáticamente de curso.
La madre de Sebastián indicó que las pruebas que deberá rendir su hijo le impedirán participar en la licenciatura junto a sus compañeros, pero que no tenían más opción que aceptar la decisión del recinto educacional.
Si bien el fallo declaró legal la expulsión, para el abogado del alumno, Francisco Ugarte, la forma en que la justicia zanjó el conflicto es un triunfo, insistiendo en todo caso que la resolución es tardía y extemporánea.
El contenido de los exámenes serán entregados el viernes a Sebastián, otorgándole un plazo de estudio para comenzar la rendición de las 11 evaluaciones a fines de mes y terminar el proceso el 15 de diciembre, de manera que el joven pueda entonces rendir la PSU, para la cual ya está inscrito.
