A la Corte de Apelaciones de Chillán podrían tener que ser remitidos finalmente los dos recursos de protección presentados por la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, quien denunció a todos los ministros del tribunal de alzada por -supuestamente- incurrir en una ilegalidad al suspenderla de funciones como parte de la investigación administrativa abierta en su contra.
Tras ampliar las dos acciones legales a todos los miembros de la Corte de Concepción, y no sólo a los 16 ministros que votaron por la drástica medida, ya no hay magistrados habilitados para pronunciarse sobre los libelos: el primero por la separación del cargo y el segundo contra la fiscal judicial a cargo del sumario por supuestas infracciones como titular del Juzgado de Familia.
No obstante, los recursos de protección están aún radicados en el tribunal de alzada penquista, a la espera de resolver escritos presentados por el abogado Rodrigo Silva, quien representa a la jueza Varela, y donde pide la inhabilitación de la Corte y el envío de los libelos a Chillán.
En el intertanto, sin embargo, ambos recursos -declarados admisibles por el tribunal de alzada local- siguen radicados en Concepción, a la espera de lo que se resuelva las solicitudes de nulidad de las resoluciones dictadas por los magistrados penquistas y así las acciones legales sean derivadas a la corte chillaneja.
