La posible vulneración de menores en el marco de su trabajo en el Juzgado de Familia de Tomé abarca el sumario administrativo abierto por la Corte de Apelaciones en contra de la jueza Gabriela Varela, suspendida de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.
No sólo el mal clima laboral que mantiene al 50% de funcionarios con licencia médica y los conflictos con abogados que litigan en el tribunal abarca la investigación contra la jueza de Familia, Gabriela Varela.
También incluye el sumario la posible doble victimización de menores que han llegado al juzgado por medidas de protección, situación que no sólo fue denunciada por personal del tribunal a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, sino también por presentaciones particulares como las del abogado José Vidal.
El antecedente entregado por este último a la investigación dice relación con una audiencia donde la magistrada amenazó a los hijos de sus clientes, quienes -se constató por la Corte de Apelaciones de Concepción- fueron amenazados para que denunciaran por maltratos físicos a sus padres.
Lo ocurrido, agregó el abogado Vidal, afectó psicológicamente no sólo a los menores sino también a los padres, al haber temido estos últimos que el tribunal les quitara el cuidado de sus hijos.
La investigación administrativa no ha podido ser notificada a la jueza de Familia de Tomé, al haber presentado la magistrada una licencia médica psiquiátrica, denunciando a su vez que es víctima de un acoso laboral por parte de sus superiores jerárquicos.
Revisa a continuación el documento respecto al sumario:
