La suspendida jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, apeló la medida de la Corte de Apelaciones de Concepción que la separó de su cargo mientras se desarrolla la investigación por diversas irregularidades y que tienen que ver con un mal clima en el juzgado, denuncias de abogados e incluso maltratos a menores llevados al tribunal por medidas de protección.
El recurso deberá ser analizado por la Corte Suprema, cuya intervención coincidió con el sumario iniciado por el tribunal de alzada penquista a fines de octubre pasado, no obstante los más de seis meses desde que se conocieron los primeros problemas de funcionarios con la magistrada.
A esas denuncias siguieron presentaciones de abogados, una de las cuales fue acogida por el pleno de la Corte penquista, que por unanimidad decidió aplicar la más baja de las medidas disciplinarias, una amonestación privada, aunque le seguiría otra sanción ya resuelta a raíz de una segunda queja.
Si bien la jueza Varela hace uso de una licencia psiquiátrica, tras acusar un cuadro de estrés según ella detonado por lo que califica como un acoso de sus superiores jerárquicos, todas las medidas adoptadas por la Corte -incluida la suspensión de funciones- han sido ya notificadas a la magistrada del Juzgado de Familia de Tomé.
