Tras meses de un mal clima laboral y un cuestionado trabajo, la Corte de Apelaciones de Concepción suspendió de sus funciones a la jueza del Juzgado de Familia de Tomé, Gabriela Varela.
La medida, que fue adoptada tras la intervención de la Corte Suprema, no podrá ser notificada a raíz de una licencia médica presentada por la magistrada.
A principios de año, la corte penquista tuvo los primeros indicios sobre el mal funcionamiento de dicho estamento, lo que quedó en evidencia con las licencias médicas presentadas por la mitad del personal del tribunal.
La situación llevó a que el juzgado fuera intervenido, medida que no tuvo los resultados esperados, manteniéndose el mal clima laboral, los conflictos de la magistrada con abogados, y su continua ausencia en el juzgado, a veces injustificado y otras atribuido a su cargo en la Asociación de Magistrados.
Uno de los episodios fue denunciado por el abogado Oscar González, de la Municipalidad de Tomé y a cargo de las causas derivadas del Sename, quien presentó una queja administrativa fundada en dos acusaciones; una directamente contra la jueza Varela por “un constante retraso en la hora de inicio de las audiencias, como en la duración de las mismas”, y otra que ella hizo contra el profesional, donde se le acusa de no ir a las audiencias.
El caso fue analizado en varias oportunidades en el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, pero, en lo que fuentes de Radio Bío Bío atribuyen a una defensa corporativa liderada desde la Presidencia del tribunal, impidieron que se tomaran medidas contra la magistrada de Familia de Tomé.
Lo anterior hasta la semana pasada, cuando la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, se constituyó en el lugar de la polémica, y quien constató una serie de anomalías que coincidieron con un lapidario informe de la ministra del tribunal de alzada, María Lenonor Sanhueza, lo que detonó el voto mayoritario del pleno para suspender de funciones a la magistrada e iniciar un sumario administrativo.
Sobre esta situación la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, dijo no tener conocimiento, pero pidiendo que se respete el debido proceso.
Radio Bío Bío intentó sin éxito obtener una versión del presidente de la Corte penquista, ministro César Panés, a raíz de las graves acusaciones contra la jueza de Familia, y entre las cuales está un trato de parte de la jueza Varela, el que vulneraría los derechos de los niños y niñas que llegan al Juzgado de Familia de Tomé por medidas de protección.
