En acuerdo, es decir pendiente, quedó el fallo de la Corte Suprema por el recurso que pide la admisibilidad de la querella presentada por el excomisario de la PDI, Héctor Arenas, en contra de la ministra del caso Matute, Carola Rivas.
Ayer jueves, los ministros de la Sala Penal escucharon los alegatos del abogado querellante, José Luis Andrés, quien pidió al máximo tribunal revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que tras entrar al fondo declaró inadmisible la querella por injurias y calumnias presentada por su cliente.
El profesional argumentó con jurisprudencia que lo que corresponde en la admisibilidad es sólo analizar si los hechos denunciados se enmarcan en el delito denunciado, en este caso, si las expresiones de la ministra Rivas le imputaban o no a Arenas la comisión de ilícitos.
Los detalles
La acción legal se trata de una querella de 40 páginas patrocinada por el abogado José Luis Andres, en la cual Héctor Arenas junto con dar cuenta de su carrera de 30 años como miembro de la Policía de Investigaciones, hace una relación de las entrevistas donde la ministra Carola Rivas le imputa según él faltas éticas y a la ley penal.
Para probar las injurias y calumnias, quien lideró la investigación del caso Matute a partir de marzo de 2000 pone como ejemplo un parte de la entrevista difundida por la página web del Poder Judicial donde Rivas se refiere a los posible apremios ilegítimos a los que habrían sido sometidos los jóvenes que según Arenas golpearon y dieron muerte a Jorge Matute Johns.
En tanto, respecto de la obstrucción a la investigación en que pudo incurrir el prefecto en retiro, al haber desechado la arista del intento de abuso sexual que para la ministra en visita explica lo ocurrido al universitario, Arenas aporta como prueba la respuesta entregada por Carola Rivas en el programa Frente Regional de Bío Bío TV, precisando en todo caso que el delito ya no existe como tal en la actual legislación.
El resto de los antecedentes son opiniones de la ministra Rivas que según Arenas menoscabarían su idoneidad como policía y a través de las cuales además se apuntaría al prefecto en retiro por una conducta reñida con la ética y la moral, todo con el objetivo de entregar resultados a sus investigaciones.
