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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Hombre condenado a 20 años de cárcel por homicidio calificado de estudiante de 16 años en Viña del Mar, ocurrido en 2025. Adolescente implicado recibió 5 años en régimen cerrado. Hechos sucedieron en plaza frente al Liceo Guillermo Rivera, donde víctima recibió múltiples puñaladas. Sentencia consideró alevosía, determinando intención homicida. Condenado adulto también tendrá inhabilitación absoluta y perpetua, y se le tomarán muestras biológicas para Registro Nacional de ADN.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 20 años de presidio efectivo a un hombre por el homicidio calificado de un estudiante de 16 años del Liceo Guillermo Rivera, ocurrido en octubre de 2025.

En el mismo fallo, dictado de manera unánime, el tribunal condenó a un adolescente que participó en el crimen a 5 años de internación en régimen cerrado con programas de reinserción social.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, los hechos ocurrieron durante la tarde del 16 de octubre del año pasado, en una plaza ubicada frente al establecimiento educacional, en avenida Álvarez.

Según la sentencia, la víctima se encontraba sentada en una banca cuando ambos condenados llegaron hasta el lugar premunidos de armas blancas.

En ese contexto, el adolescente lo habría inmovilizado por la espalda, mientras el adulto le propinó múltiples puñaladas en las piernas y el tórax.

Condena por crimen de joven

El estudiante intentó escapar y alcanzó a avanzar algunos metros antes de desplomarse en la vía pública. Tras ser auxiliado, fue trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde falleció producto de un shock hemorrágico provocado por una herida penetrante en el tórax.

El tribunal determinó que ambos actuaron con intención homicida y calificó el delito como homicidio calificado, considerando la circunstancia de alevosía.

Respecto del condenado adulto, además de los 20 años de presidio, se decretó su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se ordenó además la toma de muestras biológicas al condenado adulto para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.

Por tratarse de un adolescente víctima y de otro adolescente condenado, se omiten sus identidades y cualquier antecedente que permita identificarlos, conforme a las restricciones establecidas en la Ley 19.733.