En las próximas semanas el país se abocará a la discusión del Presupuesto de la Nación para 2027, un debate que, año tras año, se transforma en el verdadero termómetro de las prioridades del Estado. Desde Andime lo decimos con claridad: no podemos seguir permitiendo que la educación pública sea la variable de ajuste cuando llegan los tiempos de estrechez fiscal.
Cada recorte no es una cifra abstracta en una planilla; es menos apoyo en el aula, menos profesionales para acompañar a niños y niñas que más lo necesitan, menos oportunidades para las familias que ven en la escuela pública su principal vía de movilidad social.
Hace pocos días, miles de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo, representantes de diferentes organizaciones de todos los estamentos, protagonizaron la Caminata por la Educación, recorriendo desde Santiago hasta Valparaíso para llegar hasta el Congreso. Ese despliegue conjunto, respaldado por la declaración conjunta que denominamos “Unidos Defendemos la Educación”, fue un gesto de unidad gremial pocas veces visto: asistentes de la educación, docentes, directivos y funcionarios del Mineduc caminando juntos para decir lo mismo.
Esa unidad no es solo un hecho simbólico; es una señal política que debe orientar los ejes del Presupuesto 2027. Cuando el magisterio y los funcionarios públicos logran ponerse de acuerdo en sus demandas y salen a defenderlas en la calle, las autoridades no pueden responder con más ajuste. La unidad demostrada en la Caminata es, precisamente, el llamado a dejar de lado la política de recortes.
La educación pública no es un gasto, sino que es una inversión estratégica para el desarrollo del país. En los territorios más empobrecidos, donde el Estado a veces solo llega a través de la escuela o el jardín infantil, esa inversión cumple un rol que no siempre se reconoce y que se debe entender como una herramienta concreta para evitar que niños, niñas y jóvenes terminen atrapados en las redes del crimen organizado. Donde hay una escuela pública fuerte, con recursos y equipos multidisciplinarios, hay menos espacio para que la delincuencia ofrezca lo que el Estado no ha garantizado. Cuidar la educación pública es cuidar la seguridad y el futuro de Chile.
Por eso nuestro llamado al Ejecutivo y al Congreso es doble. Primero, a sostener y fortalecer el financiamiento de la educación pública como condición para el desarrollo nacional, no como privilegio sectorial.
Segundo, a valorar y respetar la función pública: las y los trabajadores del Estado, y en particular del sector educación, son el engranaje que hace posible que ese Estado llegue efectivamente a las personas. Debilitar la función pública —desfinanciándola o desprestigiándola— es debilitar la capacidad misma del país de cumplir su rol.
El Presupuesto 2027 es la oportunidad de traducir en decisiones concretas la señal de unidad que ya dio el magisterio. Desde Andime seguiremos exigiendo que la educación pública sea tratada como lo que es: un activo estratégico del desarrollo nacional, y no una partida que se recorta cuando las cuentas no cierran.
María Beatriz Fuenzalida
Presidenta de Andime
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