Indagan caso de malversación de caudales públicos en Municipalidad de El Tabo: apuntan a funcionario

El Ministerio Público investiga un presunto caso de malversación de caudales públicos al interior de la Municipalidad de El Tabo -región de Valparaíso-, luego de que el municipio presentara una querella criminal que fue declarada admisible contra un funcionario de la casa edilicia y quienes resulten responsables.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, una revisión interna detectó transferencias de recursos municipales asociadas al pago de proveedores que habrían terminado en una cuenta bancaria personal del funcionario Pablo Bustamante Garrido.

La concejala de El Tabo, Karina Soto, resaltó que la acción judicial interpuesta por la casa edilicia sólo constituye un punto de partida para identificar las responsabilidades relacionadas con este hecho.

Inicialmente, la querella identificó cuatro operaciones por 4 millones 781 mil 250 pesos.

Dentro de ese monto se encuentra una transferencia de un millón 397 mil 60 pesos, realizada durante 2025, que posteriormente fue reintegrada a las arcas municipales.

Según los antecedentes de la querella, el funcionario habría señalado que esta operación se produjo producto de un error en la confección de una nómina de pago de proveedores.

Las otras tres transferencias detectadas inicialmente corresponden a montos de un millón 132 mil 95 pesos, un millón 132 mil 95 pesos y un millón 120 mil pesos, respectivamente.

Posteriormente, una revisión adicional permitió detectar otras tres transferencias, correspondientes a los años 2023 y 2025, por un total de $2.169.844: $186.856, $692.988 y $1.290.000.

De esta manera, las transferencias identificadas en la querella y su ampliación alcanzan un total de $6.951.094.

De ese monto, $1.397.060 corresponde a la operación que, según el municipio, fue reintegrada, mientras que las restantes operaciones suman $5.554.034 y son materia de investigación.

En tanto, la también edil Claudia Aracena señaló que los concejales han solicitado información detallada sobre las conciliaciones bancarias municipales, particularmente respecto de partidas pendientes, todo ello relacionado con la investigación desarrollada por la Contraloría.

La Fiscalía confirmó que mantiene una denuncia vigente desde el 21 de agosto por el delito de malversación de caudales públicos y que las diligencias fueron encargadas a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio.