CGR detecta que autoridades de El Tabo no se abstuvieron en situaciones pese a vínculos familiares

La Contraloría General de la República (CGR) evacuó su Informe Final N° 596, correspondiente a una investigación especial que analizó distintas situaciones al interior de la Municipalidad de El Tabo, relacionadas con contrataciones de personal, eventuales conflictos de interés, vínculos familiares y gestión de funcionarios.

La investigación consideró una presentación bajo reserva de identidad, tres presentaciones realizadas durante el proceso de fiscalización y otros antecedentes ingresados durante 2026.

Entre los hechos observados, Contraloría detectó situaciones en las que autoridades y directivos municipales participaron en decisiones en las que correspondía abstenerse, debido a la existencia de vínculos familiares o personales.

Lo anterior fue informado por la concejala de El Tabo, Karina Soto, a través de su cuenta de Facebook.

El informe también contiene observaciones sobre el proceso de traspaso de trabajadores contratados a honorarios al Código del Trabajo.

En este punto, el organismo fiscalizador señaló que no se contaba con antecedentes suficientes para establecer con claridad el impacto financiero de estas medidas para el municipio, la forma en que fueron informadas al Concejo Municipal y si los antecedentes estaban disponibles de manera clara para conocimiento de la comunidad.

A raíz de estas observaciones, la Municipalidad de El Tabo deberá adoptar medidas para regularizar las situaciones detectadas, informar los procedimientos administrativos que correspondan y acreditar ante Contraloría el cumplimiento de las instrucciones.

El informe se da a conocer luego de una fiscalización anterior realizada por el mismo organismo y cuyos resultados fueron conocidos en diciembre de 2025.

En esa oportunidad, Contraloría identificó a 56 funcionarios municipales que presentaban vínculos con el alcalde Alfonso Muñoz u otras autoridades municipales. De ese total, 24 funcionarios mantenían una relación directa con el jefe comunal.

Al ser consultada sobre dicha fiscalización, María Lorena Rossel, abogada y académica de la Universidad de Las Américas (UDLA), señaló que si bien está permitido que trabajen familiares, es importante que no exista una relación jerárquica.

Entre las situaciones detectadas -en ese entonces- estuvo la contratación a honorarios de una sobrina del alcalde para prestar servicios en la Secretaría Comunal de Planificación, contratación que fue observada por existir una inhabilidad legal.

Frente a estas observaciones, el alcalde Alfonso Muñoz aseguró -a través de su cuenta de Facebook- que el informe de Contraloría no lo acusa de ningún delito ni establece responsabilidades en su contra.

También dijo que las observaciones apuntan a su deber de abstenerse de participar en determinadas firmas o decisiones cuando exista algún vínculo, práctica que, según indicó, ya realiza.

El jefe comunal también defendió la trayectoria de los funcionarios municipales que tienen vínculos familiares con autoridades y sostuvo que compartir un apellido no significa que esas personas carezcan de trayectoria, capacidades o años de servicio en la comunidad.