El Gobierno de Santiago bajó 3,23 puntos respecto del 99,9% de cumplimiento obtenido en 2025, en el marco de una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) realizada entre febrero y marzo de este año.
La evaluación de transparencia activa fue realizada a los 16 gobiernos regionales, instancia en la cual el organismo metropolitano alcanzó el séptimo lugar a nivel país y superó el promedio nacional de 92,27%.
En lo referido a las deficiencias detectadas por el CPLT, estas correspondieron a información desactualizada acerca de contratos formalizados mediante órdenes de compra. Los demás antecedentes exigidos por la Ley de Transparencia se mantuvieron al día y disponibles para la ciudadanía.
Asimismo, el organismo público revisó tres materias específicas de transparencia presupuestaria exigidas por la Ley de Presupuestos de 2026. En este ámbito, el Gobierno de Santiago presentó incumplimientos en todas.
Los puntos inspeccionados fueron sobre concursos públicos y proyectos adjudicados; antecedentes remitidos por instituciones privadas que recibieron transferencias superiores a dos mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), e informes sobre la ejecución de recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) financiado por el royalty minero.
Contar con dicha información posibilita seguir el destino del dinero público y estar al tanto de las iniciativas que reciben financiamiento.
A nivel país, solo los gobiernos regionales de La Araucanía y Magallanes cumplieron plenamente con las tres exigencias.
CPLT tras resultados de la fiscalización de transparencia al Gobierno de Santiago
Natalia González, presidenta del CPLT, destacó que el gobierno regional metropolitano alcanzó “un alto nivel de cumplimiento en transparencia activa, lo que se traduce en dar acceso a materias relevantes para sus habitantes, como remuneraciones, presupuesto y beneficios otorgados“.
Si bien hizo énfasis que dicho resultado debe ser valorado, también planteó que “deben abordarse las brechas pendientes en materia presupuestaria“.
“Las personas también tienen derecho a conocer el destino de los recursos del royalty minero, qué proyectos reciben financiamiento y qué instituciones privadas reciben cuantiosos fondos públicos”, concluyó.
Vale mencionar que el incumplimiento injustificado de las obligaciones de publicación puede ser sancionado previo procedimiento administrativo. Esto último puede derivar en multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables.
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