Afirmando que la responsabilidad de denunciar no era suya, sino de los funcionarios que descubrieron un cultivo de marihuana, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, continúa desentendiéndose de la acusación en su contra. La Contraloría General advirtió que el hecho podría constituir “eventuales irregularidades administrativas”, mientras la Contraloría Regional de Valparaíso ofició al municipio para esclarecer si la denuncia se efectuó.
Recordemos que, en una conversación filtrada, uno de los funcionarios que la detectó —en un sobrevuelo con dron— le reporta la situación a la alcaldesa, quien lo increpa e incluso le indica “no hacer nada” con dicha información.
Al respecto, la jefa comunal afirmó a Radio Observador que el deber de denunciar no sería de ella, pese a haber sido informada del caso.
Asimismo, anunció un sumario y acciones legales, aunque contra quienes filtraron y masificaron la conversación.
“Si yo, por ejemplo, ese día hubiera ido a la 28 de marzo y detecto una situación, mi deber es denunciar que sabía perfectamente que ante la situación que estaba ocurriendo, lo que correspondía era que hicieran la denuncia sin hacer todo esto que se hizo en su momento, sin ni siquiera pedirme la autorización a mí. Nosotros tenemos un protocolo acá y el funcionario que detecta la situación tiene que hacer la denuncia”, señaló.
Este miércoles, la Contraloría General confirmó que tomó conocimiento de una situación que podría constituir “irregularidades administrativas, respecto del cumplimiento de la obligación funcionaria de denunciar hechos que pudieran revestir caracteres de delito”, de acuerdo a la Ley N.º 18.883, de Estatuto Administrativo.
Sobre esto se refirió el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, quien respaldó que la obligación de denunciar recae en todos los funcionarios públicos, no solo en los testigos directos de los hechos.
Además, apuntó a una falta administrativa e incluso se podría investigar como un notable abandono de deberes.
“En ambos casos, tanto el alcalde como el primer funcionario que se enteraron de los hechos están frente al incumplimiento de una obligación expresa que establece el estatuto administrativo para todo funcionario público y, en el caso del alcalde, en base a ello, los propios concejales podrían incluso llegar a pedir una investigación por notable abandono de deberes”, explicó.
Mientras, la Contraloría Regional de Valparaíso ofició al municipio, con un plazo de 5 días hábiles a contar del 4 de agosto, para informar respecto a la veracidad del hallazgo y las medidas adoptadas. El ente fiscalizador solicita “especialmente” aclarar si se presentó una denuncia y cuándo.
Pese a los continuos requerimientos de consultas de Radio Bío Bío, la municipalidad no accedió a prestar su declaración.
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