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La Defensoría de la Niñez calificó como "inaceptable" que la Fiscalía Regional de Valparaíso visara un acuerdo de suspensión condicional para cerrar uno de los casos más graves de apremios ilegítimos en el Cread de Playa Ancha, ex Sename. La investigación iniciada hace 10 años ha resultado en la destitución de 21 funcionarios, y pese a ello, se debatirá el cierre de la causa el 5 de febrero para ocho extrabajadores formalizados. La Defensoría critica esta decisión al considerar que promueve la impunidad y carece de enfoque en los derechos humanos de los menores. Además, destacan la responsabilidad de Chile por violaciones graves contra niños y exigen una justicia acorde a la protección de la niñez.

La Defensoría de la Niñez calificó de “inaceptable” que la Fiscalía Regional de Valparaíso visara un acuerdo de suspensión condicional que podría cerrar uno de los casos más graves de apremios ilegítimos que afectaron a menores al cuidado del Estado en el Cread de Playa Ancha, ex Sename, en Valparaíso.

Esto lo dio a conocer BBCL Investiga en el reportaje titulado ‘”Me están cuidando a golpes”: fiscalía busca cerrar sin condenas icónica causa por torturas en Sename’.

Fue hace 10 años que se abrió la principal causa por torturas contra niños, niñas y adolescentes en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, en Valparaíso, un “hogar” del Servicio Nacional de Menores (Sename). Las investigaciones administrativas derivaron en la destitución de 21 funcionarios en tres sumarios cursados entre 2015 y 2018.

Pese al tiempo transcurrido, el próximo 5 de febrero se debatirá en el Juzgado de Garantía de Valparaíso una solicitud de la Fiscalía para cerrar la causa con una suspensión condicional del procedimiento para los ocho extrabajadores que han sido formalizados.

“Promover la impunidad”

Ante esta decisión, la Defensoría de la Niñez informó que si bien no cuentan con competencias legales para intervenir en causas judiciales por hechos que ocurrieron de manera previa a su fecha de creación (julio de 2018), como es este caso, “debemos ser enfáticos en señalar que resulta inaceptable que el sistema de justicia penal, y particularmente el órgano persecutor, decida aplicar mecanismos de salidas alternativas, a través de acuerdos con imputados por delitos de extrema gravedad, como lo son apremios ilegítimos, o tortura contra niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado”.

Añaden que este tipo de decisiones “carecen de todo enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y no hacen más que promover la impunidad de conductas que no solo han producido impacto en el país, sino que además han sido observadas por organismos internacionales”.

Lo anterior porque en 2018, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determinó que Chile era responsable de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.

En el organismo consideran que brindar salidas judiciales alternativas, aunque estén contempladas por la ley, “representa un retroceso para alcanzar justicia para la niñez”. Es por ello que afirman que es “imperioso que el procedimiento garantice una investigación, procesamiento y sanción acorde a la protección reforzada reconocida por la legislación vigente y por los instrumentos internacionales de que Chile es parte”.

Para finalizar indicaron que “realizaremos todas aquellas gestiones tendientes a verificar que se esté dando cumplimiento a los estándares de debida diligencia, tanto en la causa señalada como en otras, que puedan involucrar delitos contra niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado”.