Con arraigo nacional quedó la exjefa de gabinete del municipio de Nogales, Paola Moya; y Leonardo Guerra, empresario que prestó servicios al mismo municipio en 2018 y 2019. Ambos fueron formalizados por los delitos de cohecho y soborno, respectivamente.

El Juzgado de Garantía de La Calera decretó arraigo nacional para Paola Moya, exjefa de gabinete de la Municipalidad de Nogales; y a Leonardo Guerra, dueño de una empresa que prestó servicios al municipio durante el 2018 y 2019.

En concreto, ambos fueron formalizados en calidad de autores por los delitos de cohecho y soborno, respectivamente, entre junio de 2018 y junio de 2020, temporada supervisada por la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio.

Durante la audiencia, el Ministerio Público precisó en los diversos cargos adoptados por Paola Moya durante su paso por el municipio, como así también contrataciones por trato directo y transferencias bancarias de dinero con la empresa de Leonardo Guerra.

Estos hechos, para el fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, corresponden a irregularidades que constituyen los delitos antes descritos.

Frente a ello, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional para ambos imputados, ante lo cual estuvieron de acuerdo los abogados defensores. Así lo confirmó Felipe González, abogado de la exjefa de gabinete, Paola Moya.

De esta manera, la magistrada del tribunal, Celeste Serrano, determinó la medida cautelar de arraigo nacional de los imputados, ya que no hubo oposición de las defensas y porque ambos individuos cuentan con irreprochable conducta anterior.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 150 días el desarrollo de la investigación por este caso de presunta corrupción y cohecho en el municipio de Nogales.