El abogado querellante en la investigación por los casos de intoxicación en Quintero y Puchuncaví, anunció que presentará una solicitud de diligencias investigativas a la fiscal a cargo de la causa, Ana María Aldana.
Esto, ya que el representante de las más de 1.100 personas afectadas por los eventos contaminantes entre agosto y septiembre de 2018, en las denominadas zonas de sacrificio, aseguró que existen responsabilidades penales por parte de los altos ejecutivos de ENAP al momento de comprar el petróleo Iranian Heavy.
El abogado, Remberto Valdés, aseguró que el crudo fue comprado en contra de las políticas comerciales a un elevado precio, y probablemente bajo figuras de fraude fiscal. Además, en la investigación solicitarán el detalle de este negocio que llevó a ENAP a gastar cerca de siete millones de dólares en la refinación del crudo iraní.
Tras la formalización a los seis altos ejecutivos de ENAP, se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual por su participación en los casos de intoxicación en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví.
Posterior a ello se fijó un plazo de 18 meses de investigación, mientras que el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó la prisión preventiva que solicitaban los querellantes en contra de los imputados.
