Se acreditó este viernes la competencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso para asumir la causa del sindicato de Aduanas contra la dirección del servicio, por prácticas antisindicales luego de los paros ocurridos en 2016 y en 2017.

El recurso había sido presentado por Marcelo Reyes, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), junto a Carlos Insulza, presidente nacional de Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y consistía en una denuncia por prácticas antisindicales contra Claudio Sepúlveda, director nacional de Aduanas.

Al respecto, el Juzgado de Letras del Trabajo se declaró incompetente en 2017 para revisar la causa por tratarse de un organismo público.

Pero el tres de enero de este año la Corte de Apelaciones determinó revocar la decisión del tribunal laboral, asegurando que está habilitado para juzgar en el caso.

Durante una audiencia realizada este viernes finalmente se acreditaron las facultades del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso y la causa comenzaría a ser discutida durante el mes de abril próximo.

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Reyes explicó que acusan la remoción injustificada de dirigentes de sus puestos de trabajo en el paro de 2016, además de amenazas de despidos a funcionarios que se plegaron a una movilización de posterior.

En tanto, Insulza valoró el precedente que sentó la determinación de la Corte de Apelaciones, que permitirá en el futuro agilizar las causas por prácticas antisindicales en las instituciones del Estado.

Desde Anfach, han reconocido que el juicio podría llegar a un acuerdo antes de comenzar, considerando que Claudio Sepúlveda probablemente dejará de estar en el cargo y pasará a ser persona natural, situación que permitiría al gremio enfocarse en dialogar con el nuevo gobierno.

Gonzalo Olguín (RBB)
Gonzalo Olguín (RBB)

Las movilizaciones y paro de funcionarios de aduanas ocurridas entre el 24 de mayo y dos de junio del 2017, fueron en el contexto de la Ley de Modernización de Aduanas, discusión que la semana pasada se cerró con el gobierno actual sin acuerdos sobre la permanencia de la planta de funcionarios.