En prisión preventiva quedaron los diez integrantes de una organización criminal acusada de traer a Chile a mujeres y adolescentes, principalmente de nacionalidad boliviana, para explotarlas sexualmente en prostíbulos clandestinos de la región de Tarapacá.
Los imputados fueron formalizados por la Fiscalía de Alto Hospicio por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y asociación criminal, tras una investigación desarrollada junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la organización captaba a las víctimas y gestionaba su traslado hasta Chile, para posteriormente alojarlas en domicilios ubicados en Iquique y Alto Hospicio, donde eran destinadas al comercio sexual.
La fiscal del caso, Camila Albarracín, explicó que la investigación permitió establecer que entre las víctimas también había menores de edad.
Menores de edad
“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, detalló la persecutora.
Según la Fiscalía, la captación se realizaba mediante personas que operaban en Bolivia y también a través de plataformas de mensajería instantánea. En estos contactos se ofrecía a las mujeres trabajo como “acompañantes”, financiándoles posteriormente su traslado hacia Chile.
Sin embargo, al llegar al país, las víctimas mantenían una deuda de 900 bolivianos con la organización y debían permanecer trabajando para esta durante al menos tres meses. En caso de abandonar antes, se les exigía además el pago de una comisión de mil bolivianos.
La investigación también estableció que los prostíbulos clandestinos eran promocionados mediante páginas de internet, donde se publicaban fotografías de las víctimas y se ofrecían prestaciones sexuales, incluyendo servicios a domicilio.
$20 millones en efectivo
Durante el operativo fueron detenidos quienes, según la investigación, ejercían como líderes de la organización, además de personas encargadas de distintas funciones, entre ellas el traslado y control de las mujeres, la administración de los locales y la recepción de los pagos.
En los domicilios de quienes son sindicados como líderes, la policía encontró más de $20 millones en dinero en efectivo.
Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los diez imputados. Además, fijó inicialmente en 120 días el plazo para desarrollar la investigación.
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