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El lanzamiento de la Mesa de Trabajo sobre Educación Superior y Competencias para el Futuro, al alero de la comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, pone sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿qué profesionales y técnicos necesitará Chile en la próxima década?
En un escenario global convulsionado por la inteligencia artificial y el acelerado envejecimiento poblacional, la urgencia de conectar el mundo académico con las demandas del sector productivo es evidente.
Hoy, Chile registra una matrícula en educación superior históricamente alta, superando 1,4 millones de estudiantes en 2026. Sin embargo, esta masificación contrasta con cifras preocupantes: más del 30% de los ocupados con educación superior completa trabaja en empleos de calificación media o baja, y un 44% de los adultos presenta graves rezagos en competencias básicas de lectura y resolución de problemas.
Esto da cuenta de que existe una brecha ostensible entre lo que se enseña y lo que el mercado laboral requiere y frente a este diagnóstico, esta iniciativa parlamentaria busca estructurar un plan nacional con horizonte al 2035.
La participación de la academia, el sector privado y el Estado en esta instancia es clave. Las universidades concentran el capital intelectual del país y deben ponerlo al servicio de las políticas públicas y las exigencias de la era digital, así lo destacaron actores relevantes de la Mesa, como los exministros Sergio Bitar y José Joaquín Brunner.
No obstante, el verdadero desafío no radica en elaborar un nuevo diagnóstico, sino en evitar que la “Hoja de Ruta 2035” quede reducida a una declaración de buenas intenciones. Para que este esfuerzo tenga un impacto real, debemos superar dos sesgos: la visión cortoplacista y el centralismo, entendiendo también que responder al futuro del trabajo no significa subordinar la formación universitaria a las necesidades empresariales inmediatas y que para ello se requiere una mirada equilibrada que adapte los currículos y promueva credenciales flexibles, pero resguardando adecuadamente las capacidades críticas, éticas e integrales de las personas.
Por otra parte, las respuestas deben construirse siempre con pertinencia territorial, pues en las regiones hay realidades complejas y distintas, como por ejemplo elevadas tasas de informalidad o brechas de conectividad -como en La Araucanía- que no pueden ser medidas con la misma vara que la Región Metropolitana.
Chile no puede permitirse improvisar en esta materia que abarca todos los aspectos de la gestión del capital humano. Es por eso que me dispongo y hago un llamado también a alcanzar consensos técnicos, a -de ser necesario- trabajar en reformas legislativas e instrumentos concretos con metas, plazos e indicadores auditables y concretos. Solo así lograremos transformar las incertidumbres tecnológicas en oportunidades de desarrollo, productividad y empleo digno para todo el país.
