Presupuesto de salud: cuando el recorte choca con la realidad

Durante septiembre se comenzó a discutir en comisión mixta el presupuesto 2027 para el área de salud. En este contexto, la presentación inicial hecha por la ministra May Chomalí y el subsecretario Julio Montt evidenció lo que las y los trabajadores advertimos desde un inicio: el recorte en salud es inviable y se necesita inyectar más recursos al sector.

El problema es aún más grave si analizamos las directrices del Oficio Circular N.º 16 y el Marco de Mediano Plazo 2027-2031, los cuales revelan que estos recortes no son medidas transitorias, sino que responden a un ajuste fiscal de carácter permanente y estructural.

Pese a este afán ideológico de bajar el gasto fiscal, la realidad golpea al gobierno, y el propio Ministerio de Salud tuvo que transparentar que hoy faltan alrededor de $2,5 billones de pesos para que la salud pública pueda terminar el año. El déficit presupuestario es histórico y no alcanza para cubrir los gastos reales anuales.

Lamentablemente, la premisa fiscal que intenta imponer Hacienda, argumentando que “en el mediano plazo no hay costos fijos y obligaciones ineludibles”, desconoce por completo la naturaleza del sector. La demanda sanitaria es inelástica; los gastos son ineludibles y crecientes debido al envejecimiento poblacional, el alza de enfermedades crónicas y los compromisos de leyes vigentes como el GES, la Ley Nacional del Cáncer y la Ley de Urgencia.

Esta desconexión con la realidad tiene consecuencias urgentes en el corto plazo que se ven con claridad en la ejecución presupuestaria de este año. Al mes de julio, los recursos asignados para la Ley Ricarte Soto ya habían sido ocupados en su totalidad, y el presupuesto de bienes y servicios llevaba más del 70% gastado. A esa misma fecha, servicios de salud como Concepción, Coquimbo, Arauco, Osorno y del Reloncaví ya habían gastado más del 70% de sus recursos anuales. Ante esta asfixia, el Ministerio de Salud optó por detener la ejecución de inversiones hospitalarias, afectando directamente la normalización de recintos y nuevas tecnologías.

El efecto del recorte también se siente con fuerza en la Atención Primaria, donde lo que se deja de hacer genera un aumento de demanda y colapso de las urgencias de los hospitales. La falta de camas y el déficit de personal hacen que las personas pasen días esperando, un escenario crítico que se agravará si el nuevo marco fiscal impone límites rígidos que abran la puerta al congelamiento de contrataciones, la sobrecarga laboral y el debilitamiento de programas sanitarios.

Bajo este panorama, la instrucción estatal de “hacer más con iguales o menos recursos” deja de ser una simple meta de eficiencia administrativa para transformarse en un riesgo directo para la calidad, oportunidad y equidad de la atención. Queda claro que no se puede sostener la seguridad del paciente ni cumplir con las obligaciones legales constitucionales recortando personal o precarizando las condiciones de quienes sostienen el sistema.

Para el 2027 y en adelante, se hace imperativo abordar el déficit histórico y discutir un presupuesto que cubra verdaderamente los gastos reales anuales, con una expansión suficiente para hacer crecer la red pública.

Este objetivo estratégico se logrará de forma óptima solamente con la participación de las y los trabajadores de la salud en los espacios de discusión. Lamentablemente, esta vocación ha estado ausente por parte del ministerio, cuyas autoridades hasta la fecha no han generado espacios de trabajo reales y efectivos para recoger la mirada y la experiencia de quienes sostienen día a día la atención de salud que hoy se encuentra en riesgo.