Por tercera vez el Tribunal Oral de Chillán, en la región de Ñuble, aplazó el juicio contra un acusado por la caza ilegal de dos loros choroy, quien arriesga más de 5 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
Uno de los denunciantes del hecho, testigo en la causa, cuestionó la lentitud del proceso abierto en septiembre de 2020.
El juicio contra Juan Sepúlveda Vásquez estaba programado para este 16 de septiembre, después de dos anteriores suspensiones; el 28 de mayo y el 11 de diciembre de 2025. En ambos casos el Tribunal Oral de Chillán justificó el reagendamiento debido a casos que tenían mayor prioridad.
Esta vez habría sido la defensa del acusado quien, por razones de fuerza mayor, pidió una nueva fecha, la que se fijó para el 22 de julio de 2027.
Gary Parra, activista de la causa por los animales, cuestionó la lentitud del sistema, acusando a los tribunales de mirar en menos estas investigaciones.
“Hay una gran molestia por parte del movimiento animalista y de todos aquellos que apoyaron esta querella en contra de este cazador furtivo de la comuna de Coihueco. Siendo que este individuo es un peligro para la sociedad, todavía el Poder Judicial en Chillán no decide absolutamente nada. Esto también evidencia el desprecio que tiene el Poder Judicial hacia las causas vinculadas a nuestro patrimonio natural”, afirmó Parra.
Fue el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en Coihueco, cuando Carabineros detuvo en flagrancia a Juan Sepúlveda. Utilizando una escopeta, el hombre había matado dos loros choroy.
En ese sentido, la indagatoria se inició por la querella que Parra consiguió con la Fundación Apla.
La Fiscalía formalizó al imputado por dos delitos distintos, uno de la Ley de Caza y otro de la Ley de Armas, como lo explicó el abogado Daniel Manríquez, especialista en la llamada Ley Cholito.
“El imputado, con una escopeta artesanal, dio muerte a dos ejemplares del loro choroy, y la Fiscalía lo calificó jurídicamente esto como una contravención a la que es del artículo 30 letra A de la Ley de Caza y el artículo 13 de la tenencia ilegal de armas de fuego prohibida”, precisó Manríquez.
El Ministerio Público pide 60 días de cárcel por la caza ilegal y 5 años por el porte de arma prohibida.
Asimismo, el abogado Manríquez se refirió a la dificultad en juicios que se realizan mucho tiempo después de perpetrado los delitos.
“Los testigos que van a participar en este juicio van a tener que declarar sobre hechos ocurridos hace seis años atrás. Por lo tanto, usted sabe que la memoria, con el tiempo, las formas en que nosotros apreciamos las cosas van cambiando también”, aseveró.
Al aplazar este juicio, el Tribunal Oral de Chillán ha subrayado que el acusado no está privado de libertad, pues sólo pesa sobre él la cautelar de arraigo nacional.
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