El aparato represivo y los crímenes de lesa humanidad siguen “intactos” en Venezuela tras la captura del 3 de enero de Nicolás Maduro, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
A través de un informe dado a conocer este miércoles, la Misión indicó que pese a las “limitadas mejoras” observadas en la situación de los derechos humanos en el país, “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”.
El grupo dijo que si bien hubo una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas tras el ataque militar estadounidens a inicios de año, “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.
El informe destacó, eso sí, “un margen algo mayor” para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil en el país que actualmente es gobernado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La Misión señaló que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, añadiendo que los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
“No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario”, precisó.
En ese sentido, aseguró que los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana.
“Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave, mientras que la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste”, advirtió.
Pese a la disminución en el número de presos políticos por las excarcelaciones, la misión señaló que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
“Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”, complementó.
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