Cuatro años después de su salida del Ministerio del Interior, el abogado Carlos Flores Larraín regresó a la administración pública de la mano del gobierno del presidente José Antonio Kast. Su retorno se produce tras haber sido desvinculado en abril de 2022, durante las turbulentas primeras semanas de la administración de Gabriel Boric Font, cuando La Moneda puso bajo la lupa al equipo jurídico que había tramitado por encargo del gobierno de Sebastián Piñera las querellas contra ciudadanos por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.
El penalista, que entre 2004 y 2022 prestó servicios para la Subsecretaría del Interior, volvió este año al Gobierno Central. Primero recaló nuevamente en esa repartición y, pocos meses después, dio el salto a la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde pasó a encabezar un departamento formalmente creado un día antes de su arribo.
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Flores estuvo contratado a honorarios en Interior entre marzo y junio. Desde el 1 de julio, en tanto, se desempeña a contrata como jefe del recientemente creado Departamento Judicial de la Subsecretaría de Seguridad Pública, instancia que un día antes de su arribo reemplazó a la antigua Unidad Judicial, hasta entonces dependiente de la División Jurídico-Legislativa.
Desde la repartición, sin embargo, descartan que la reorganización haya sido diseñada a la medida del abogado. Según señalaron, el nuevo departamento “no se creó para una persona”, sino que responde a una estructura que —afirman— existe en la práctica desde hace años para cumplir con la obligación legal que tiene el Ministerio de Seguridad Pública de presentar querellas frente a determinados delitos.
El salto
Hacia fines de mayo de este año el abogado Carlos Flores Larraín recibió un pago de $15,9 millones brutos correspondiente a sus honorarios por el trabajo realizado desde el 11 de marzo en la Subsecretaría del Interior. En junio, justo antes de saltar al Ministerio de Seguridad Pública, recibió $5,8 millones brutos de esa repartición.
De acuerdo con el Portal Transparencia, en ese periodo de instalación el abogado Flores Larraín se desempeñó principalmente en tareas de seguimiento y análisis de causas judiciales y otros litigios en que la Subsecretaría o el Ministerio del Interior fueran parte o tuvieran interés. También elaboró informes, minutas, borradores de presentaciones y otros insumos para la defensa judicial e institucional.
Además, apoyó la sistematización de causas, resoluciones y sentencias relevantes, identificando criterios jurisprudenciales y manteniendo reportes sobre contingencias judiciales. A partir de ese trabajo, debía proponer criterios jurídicos, lineamientos de actuación y eventuales medidas preventivas o correctivas.
Sus funciones incluían también la coordinación con abogados del nivel central y regional, otros organismos públicos, el Consejo de Defensa del Estado y tribunales, junto con el análisis de causas especialmente sensibles y la preparación de antecedentes para asesorar a la jefatura de la División Jurídica y, cuando fuera requerido, al subsecretario o al ministro del Interior.
Departamento creado un día antes
Como sea, un día antes del aterrizaje de Carlos Flores —específicamente el 30 de junio— la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini Bravo, firmó la resolución que creó el Departamento Judicial que al día siguiente comenzó a liderar Flores.
En simple, mediante este documento la Subsecretaría modificó la estructura interna y creó el nuevo Departamento Judicial, dependiente directamente de la autoridad. La medida quedó formalizada en la Resolución Exenta N°640, que alteró el organigrama vigente.
La repartición —de acuerdo con el escrito tenido a la vista por esta Unidad de Investigación— justificó el cambio por la importancia de los asuntos judiciales que debe enfrentar el Ministerio y por la necesidad de contar con respuestas más rápidas frente a causas y requerimientos de esa naturaleza.
Con la modificación, la antigua Unidad Judicial dejó de depender de la División Jurídico-Legislativa y pasó a funcionar como un departamento dependiente directamente de la Subsecretaría. Entre sus tareas están presentar querellas, gestionar causas judiciales y mantener un sistema de seguimiento de esos procesos.
También en el documento se especifica que debe coordinar acciones judiciales con las seremis de Seguridad Pública y comparecer, cuando corresponda, en causas de interés del Ministerio o de la Subsecretaría, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado.
Con todo, como jefe del flamante departamento, Flores recibe una remuneración bruta mensual que bordea los $5,9 millones, esta vez en calidad de funcionario a contrata.
“No se creó para una persona”
Consultados por este medio, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública descartaron que la creación del Departamento Judicial haya tenido como propósito abrir un cargo para Carlos Flores. Según explicaron, la labor que hoy concentra esa unidad ya se realizaba anteriormente y responde a la obligación legal del Ministerio de querellarse frente a determinados delitos.
La diferencia, sostienen, es que ese trabajo antes se desarrollaba desde el gabinete y que, debido a su relevancia y al volumen de causas, se optó por dotarlo de una estructura propia. “No se creó para una persona”, recalcaron desde la repartición, sino para formalizar y especializar funciones que ya se venían ejecutando.
Como antecedente, la Subsecretaría asegura que incluso cuenta con presupuesto específico para contratar abogados penalistas a través del denominado Programa Seguimiento de Causas Judiciales. Bajo esa lógica, insisten en que no se levantó un equipo desde cero, sino que se entregó una jefatura especializada a una tarea preexistente.
Actualmente, de acuerdo con la versión oficial, el Departamento Judicial mantiene más de 180 causas vigentes y coordina el trabajo con los seremis de Seguridad Pública, quienes presentan querellas en distintas regiones del país. Entre los casos mencionados por la autoridad aparecen causas de especial gravedad, como el caso Grollmus y la muerte del carabinero Marcos Cosme.
Respecto de Flores, la Subsecretaría defendió directamente su designación y sostuvo que cuenta con “la trayectoria y expertise necesarios” para encabezar el departamento. A juicio del organismo, centrar la discusión únicamente en la fecha en que se creó la nueva estructura desvía el foco de su función principal: la persecución judicial de hechos graves de violencia y crimen organizado.
Lea la declaración completa de la Subsecretaría de Seguridad Pública:
El Departamento Judicial no se creó para una persona, sino que su estructura existe hace años para ejercer la obligación legal de querellarse que tiene el Ministerio de Seguridad Pública frente a ciertos delitos. Esta labor anteriormente se desarrollaba desde el gabinete y, dada su relevancia y el volumen de trabajo, requería una estructura especializada dentro de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
De hecho, la Subsecretaría contempla presupuesto específico para la contratación de abogados penalistas llamado “Programa Seguimiento de Causas Judiciales”. Por tanto, no se trata de crear un equipo nuevo, sino de dar estructura y una jefatura especializada a un trabajo que ya existía y que, por su importancia, dependía directamente del gabinete.
Hoy el Departamento lleva más de 180 causas vigentes y articula el trabajo con los seremis, quienes presentan las querellas en las distintas regiones. El Ministerio es querellante en casos de especial gravedad, como el caso Grollmus o la muerte del carabinero Marcos Cosme.
Ese es el trabajo sustantivo del Departamento y la razón por la que requiere una jefatura con experiencia y especialización. Carlos Flores cuenta con la trayectoria y expertise necesarios para liderarlo.
Llevar la discusión a la fecha de creación del Departamento es perder de vista lo verdaderamente relevante: el Ministerio cuenta con un equipo jurídico especializado, con presencia territorial, dedicado a perseguir judicialmente hechos graves de violencia y crimen organizado.
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