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El pasado viernes, dieciséis personas mayores murieron en el trágico incendio que afectó al hogar El Edén, en la comuna de Pitrufquén. Detrás de cada una de las víctimas de este siniestro hay una vida que honrar, una familia que hoy llora a un ser querido y una comunidad horrorizada que se pregunta cómo pudo pasar este hecho en un lugar que debía proteger a quienes allí pasaban sus últimos años de vida.
La respuesta duele más al saber que el riesgo era conocido. De acuerdo a la información difundida en medios públicos, el recinto funcionaba sin autorización sanitaria, acumulaba sumarios y multas desde 2019, y este año el municipio había solicitado su fiscalización por posibles malos tratos a residentes. No tenemos certeza de cómo fueron los últimos años de vida de esas personas, si recibieron un trato apropiado, pero dan cuenta, por cierto, de que esta tragedia era evitable.
Como Comité de Prevención de la Tortura (CPT) compartimos la reflexión del cardenal Fernando Chomali, quien señaló que la precariedad y el abandono de muchas personas mayores en Chile «cuestiona profundamente los mismos cimientos de la sociedad». Así es. Lo ocurrido nos interpela a todas y todos, y debe convocarnos a actuar decididamente en pos de que las personas mayores de nuestro país, independiente del lugar en que vivan, reciban un trato digno y los cuidados que necesitan.
Cabe alertar que es un error creer que este tipo de riesgos se dan sólo en recintos irregulares. Desde el Comité visitamos regularmente Eleam públicos y privados que reciben financiamiento público a lo largo de todo Chile. En nuestras visitas hemos identificado múltiples buenas prácticas, y hemos sido testigos del profesionalismo y vocación con que muchos funcionarios trabajan día a día para entregar cuidados de calidad a las personas mayores que atienden.
Sin embargo, también hemos alertado a las autoridades de recintos con condiciones materiales que suponen riesgos severos para los residentes y de las dificultades que muchas veces enfrenta el personal para cumplir con la alta demanda que supone cuidar con calidad, y -con esto bajo la vista- realizamos recomendaciones para su subsanación.
Aunque hay una responsabilidad compartida, no todos los actores involucrados la asumen de la misma manera. Al Estado le corresponde garantizar que quienes están bajo su cuidado vivan seguros y bajo los estándares establecidos, pero también le corresponde otorgar los permisos para que el cuidado lo ejerzan otros y fiscalizar que ello suceda apegado a los estándares definidos. Cuando sus instituciones conocen un riesgo, deben actuar antes de que sucedan eventos de mayor gravedad.
Por otro lado, los propios establecimientos tienen un deber ineludible de cumplir con las normas, de contar con personal suficiente y capacitado, y de ofrecer condiciones seguras a quienes les confían su vida.
A pesar de que lo ocurrido en Pitrufquén develó enormes fallas en la forma en que como país hemos asumido el cuidado de las personas mayores, hay razones para confiar en mejores perspectivas: Chile cuenta hoy con una nueva normativa que regula estos establecimientos -el Decreto 20-, la cual requiere entrar en pleno ejercicio. Asimismo, contamos con un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y una Ley Integral de Personas Mayores que robustecen el marco normativo e institucional para avanzar en la materia.
Las bases están escritas, pero falta mayor decisión en su implementación, con recursos para fiscalizar a tiempo, con supervisiones que faciliten la mejora efectiva de los establecimientos, y con el acompañamiento necesario a los recintos para que alcancen los estándares de calidad que la ley les exige. Esto, en un contexto en que los cuidados para este grupo de la población son una demanda creciente, que requiere también de más oferta de calidad, para que ninguna familia tenga que elegir entre un lugar irregular o ningún lugar, para que toda persona mayor pueda vivir sus últimos años en un espacio digno, donde se respeten sus derechos.
El monitoreo preventivo que realiza el CPT es una luz que permite identificar riesgos a subsanar, pero es una labor de alcance limitado, por su estructura y recursos, y no reemplaza a una institucionalidad robusta, capaz de fiscalizar, supervisar y acompañar de forma permanente todos los establecimientos del país. Una alerta sólo protege en la medida que existe un interlocutor con la voluntad y los medios para responder de manera eficaz y oportuna.
Chile puede y debe avanzar con mayor compromiso y decisión en esta materia, se lo debe a esas dieciséis personas y a todas las que hoy, en algún lugar de Chile, esperan que alguien las cuide dignamente.
Paula Valenzuela Delpiano
Integrante experta del Comité de Prevención contra la Tortura (CPT)
