El Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó temporalmente al oficial a salir del país tras solicitud de su defensa. Esta expuso que Ojeda fue seleccionado por la Fuerza Aérea de Chile para cumplir “comisiones de servicio en el extranjero”. Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos serán los destinos de uno de los cuatro formalizados en el accidente que le costó la vida a 38 personas.
Molestia e indignación causó en las familias de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) el levantamiento temporal de la medida cautelar de arraigo nacional que pesa sobre el oficial Julio Ojeda Puig, uno de los cuatro formalizados por cuasidelito de homicidio en la tragedia que enlutó a la institución aeronáutica.
La situación fue autorizada el pasado 26 de octubre por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, quien tras una solicitud de la defensa del mencionado oficial terminó por acceder a lo solicitado, todo en base al principio de inocencia en su calidad de imputado. Según quedó plasmado en el acta de la audiencia, Ojeda Puig podrá salir del país entre “los días 11 al 19 de noviembre 2023 y 26 de noviembre al 02 de diciembre 2023” con destino a Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos.
Según expuso su defensa, a cargo de la abogada Carola Fernández, el oficial “fue destinado en Comisión de Servicios por la FACh a Italia”, hecho que no cayó bien en las decenas de familias de los 38 pasajeros y tripulación que perdió la vida el 9 de diciembre de 2019 en el Mar de Drake. Tampoco en el Ministerio Público, quien presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez Cristian Armijo Silva.
“La Fuerza Aérea de Chile ha estado en pleno conocimiento de las audiencias que se han desarrollado en la presente causa, (…) por ende, ha estado en conocimiento de las medidas cautelares que pesan sobren los imputados, todos funcionarios activos de la institución”, señala el escrito del fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo.
Y agregó: “En ese sentido, aun existiendo un proceso pendiente respecto de los imputados, dentro de los que se encuentra formalizado don Julio Ojeda Puig, por el siniestro que dejó 38 víctimas fatales, por hechos que dicen relación directa por negligencias en sus funciones y responsabilidades en razón de su cargo como Comandante del grupo de Mantenimiento n° 52, llama la atención a esta parte que a pesar de las circunstancias antes descritas, la Fuerza Aérea de Chile le otorgue el beneficio de ser nombrado como Asesor Técnico de un proyecto institucional”.
Al ente persecutor también se sumaron los abogados querellantes de las familias de las víctimas de la tragedia del Hércules C-130. Pese a lo anterior, el pasado 2 de noviembre la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, integrada por la ministra Inés Recart y los ministros suplentes Luis Enrique Álvarez y Claudio Marcelo Jara, confirmaron la resolución apelada, echando por tierra el reclamo de familiares y el Ministerio Público.
La resolución, eso sí, contó con el voto en contra del ministro suplente Álvarez, quien, según se lee en el documento, fue “del parecer de revocar la resolución en alzada, al compartir los argumentos de los apelantes, estimando que la necesidad de suspender temporalmente el arraigo decretado respecto del imputado, no se encuentra suficientemente justificada, debido a que no se ha establecido que el mismo sea la única persona idónea para realizar la labor encomendada”.
Familiares
“Encuentro injusto que esta gente pueda salir del país (…) Lo encuentro último. Somos 38 familias que perdimos a nuestros seres queridos. Ellos se burlan de nosotros como familia y país”, dice Sandra Lillo Figueroa, madre del cabo 1º Leandro Torti. “No dejaré que el Sr. Ojeda viaje sabiendo que está con arraigo, es una burla y siguen riéndose en nuestra cara. Uno confiando en el juez y al final nos dan la espalda”, agrega Ivonne Parra, esposa del sargento 1º Francisco Aguirre.
“No logro entender que uno de los formalizados tenga el privilegio de salir del país. Estando con arraigo nacional y firma mensual. ¿Qué tipo de justicia tenemos? Hoy como mamá sólo dejo pasar los días, ya que mi vida se detuvo el 9 de diciembre 2019”, dice Gemita Loyola León, madre del cabo 2º Gabriel García Loyola.
“Como familia estamos devastados por el nuevo golpe bajo de la FACH, ya que uno de los imputados en la tragedia aeronáutica más grande de este país, solapado por la misma institución, la cual no sabe por qué se le caen los aviones (según su informe final de su investigación) puede salir del país en comisión de servicio. ¿Acaso no hay más personal?, se pregunta Patricia Carrasco, madre del cabo 1º Christopher Pacheco Carrasco.
