Rabia y dolor. Eso sienten las familias de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130 tras la autorización que el pasado viernes 12 de mayo el Juzgado de Garantía de Punta Arenas otorgó al oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Marcelo Mella Bertetti, para viajar a Perú con motivo de esparcimiento.
En concreto, el tribunal del extremo sur del país autorizó la “suspensión de la medida cautelar de arraigo nacional” para el funcionario público entre el 11 y el 18 de julio. ¿La razón? Un viaje a Cusco con motivo de la “celebración de su aniversario de matrimonio”, según la solicitud ingresada por la defensa de Mella Bertetti, liderada por la abogada Carola Fernández Santander.
“Vengo a solicitar se autorice permiso de salida del país a mi representado, atendido que su cónyuge –con motivo celebración de su aniversario de matrimonio– adquirió, con desconocimiento de mi cliente, antes de la audiencia de formalización, pasajes aéreos para Cusco, Perú, con fecha de salida de Chile el día 11 de julio del año 2023, regresando al país el día 18 de julio del mismo año”, señala el escrito, el que fue ingresado el pasado 2 de mayo.
Recordemos que el pasado 21 de febrero, tanto el oficial Marcelo Mella Bertetti, como Julio Ojeda Puig y Allan Asenjo Contreras, y el general (r) Eduardo Mosqueira Cruz, fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autores de cuasidelito de homicidio, en el marco de la investigación por la caída del avión Hércules C-13, perteneciente a la FACh.
En dicha audiencia, el entonces fiscal regional de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Eugenio Campos, actual director de la nueva Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, le comunicó a los imputados su presunta responsabilidad en la caída de la aeronave en el Mar de Drake en diciembre de 2019, donde fallecieron 38 personas, entre civiles y militares. Los cuatro imputados quedaron con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.
A Perú los pasajes
Pues bien, tras 80 días desde aquella jornada, el pasado viernes 12 de mayo el Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó a Mella Bertetti a salir del país, previa caución de 1 millón de pesos. A la audiencia, que se extendió por 19 minutos, asistieron tres abogados querellantes en la causa, los cuales se opusieron a dicha solicitud. En tanto, el Ministerio Público, representado por el fiscal Fernando Dobson, según los profesionales, no presentó reparos a lo solicitado.
“Como abogado querellante y representante de numerosas familias de víctimas fallecidas en esta tragedia aeronáutica, obviamente nos opusimos a la solicitud de alzamiento temporal del arraigo nacional”, comenta el abogado Alfredo Morgado. No obstante, agrega, “el tribunal resolvió en contrario, y eso implica de que podrá salir del país, lo que nosotros estimamos que pudiere eventualmente afectar los fines del procedimiento”.
En la misma línea, Maximiliano Delgado, quien representa a una treintena de familias víctimas, señala que también se opuso a dicha solicitud principalmente “por el motivo”. “No nos parece, en razón de la causa, de la importancia, de la multiplicidad de víctimas fatales, que alguien solicite una suspensión de una medida cautelar que pesa sobre ello por la eventual responsabilidad en la muerte de personas del tipo cuasidelictual, para un festejo, para un aniversario”, dice.
Delgado señala que dicha resolución del Juzgado de Garantía de Punta Arenas “atenta contra el constante y permanente duelo que viven estas familias, el que uno de los imputados solicite un permiso para derechamente una celebración. Nos parece que es absolutamente impertinente, irrespetuoso, imprudente, esa solicitud, más allá que procesalmente pueda ser discutible, tanto así que el tribunal accedió a ello, subiendo la caución que había solicitado la defensa, de no mayor a 500 mil pesos”.
Y cierra: “Nosotros podíamos entender desde una perspectiva humana, si fuese una atención médica, un tema de trabajo, pero acá es un festejo, desde ese punto de vista estimamos que debió haberse no dado a lugar. Hicimos lo que nosotros nos corresponde, que es comparecer como querellante a esa audiencia, negarnos, solicitar el rechazo, cuestión que no hizo el Ministerio Público y evidentemente eso también contribuyó, creemos nosotros, a que el tribunal haya resuelto en su favor”.
Dolor de las familias
“Estamos molestos por el resultado de esta audiencia, porque nuestro dolor permanece y ellos piensan en ellos, el egoísmo, la arrogancia, y más que todo la poca empatía con las familias”, dice Carolina Pizarro, hermana de Jacob Pizarro, uno de los civiles que murió en el accidente en el Mar de Drake.
La madre del cabo 2º Gabriel García Loyola, Gema Loyola, considera que “es una falta de respeto que en pleno proceso judicial se le otorgue un permiso especial a una de las personas que está siendo investigada en el caso Hércules C-130. Como mamá me pregunto: ¿de qué justicia estamos hablando? De verdad considero que esto es una burla”.
Sandra Lillo Figueroa, madre del cabo 1º Leandro Torti, encuentra absurdo “que a esta persona le puedan dar la salida, sabiendo el dolor de todas nosotras como madres, de lo que nos causó, para que ellos salgan como nada. Cero empatía con nosotros como familia. Se ríen en la cara de uno”.
Cabe precisar que en dicha audiencia no se modificó la medida cautelar de Mella Bertetti, solo se autorizó la suspensión del arraigo nacional por el periodo solicitado. Cuando el oficial regrese al país, tras la celebración de su aniversario en Cusco, Perú, la medida cautelar de arraigo nacional seguirá vigente.
