Por cuatro delitos, amenazas, incendio, lesiones menos graves y porte ilegal de armas, se querelló el Gobierno en contra de quienes resulten responsables del ataque armado que afectó a trabajadores del proyecto hidroeléctrico Pilmaiquén, ocurrido hace una semana en la comuna de Río Bueno. En dicha jornada, los encapuchados además quemaron un furgón en que se desplazaban los empleados.

El Gobierno presentó una querella criminal por distintos delitos tras el ataque armado que afectó a trabajadores de la central hidroeléctrica Pilmaiquén, de la empresa Starkraft, en la comuna de Río Bueno –región de Los Ríos-, donde encapuchados quemaron un furgón.

La acción legal la interpuso la Delegación Presidencial de Los Ríos contra quienes resulten responsables por los hechos registrados el jueves 23 de junio en el sector de Carimallín, cuando un grupo armado interceptó el vehículo en que se trasladaban los trabajadores que previamente había salido del turno.

En el lugar, los sujetos obligaron a las víctimas a descender del furgón para luego prenderle fuego. Tras eso dejaron un lienzo en contra del proyecto hidroeléctrico. “Guerra a Noruega, fuera Statkraft de Pilmaiken”, decía parte del escrito.

A una semana de lo ocurrido, la delegada presidencial Paola Peña informó que la querella es por los delitos de amenazas, incendio, lesiones menos graves y porte ilegal de armas.

La autoridad además agregó que el ataque generó un estado de shock a las víctimas de hecho de violencia.

Al respecto, confirmó acciones de contención mandatadas a la Seremi de Salud para coordinar las atenciones pertinentes.

Medidas de protección para la empresa tras ataque

Asimismo, confirmó que se efectuó una reunión entre la Seremi de Energía y representantes de la empresa Starkrtaf para iniciar labores de coordinación y de seguridad que permitan desarrollar sus actividades.

Según afirmó, actualmente existe una medida de protección en favor de la central hidroeléctrica, a cargo de Carabineros.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)