Chile es, probablemente, uno de los países más geológicos del planeta: cordillera, desierto, salares, volcanes activos, una de las costas sísmicas más dinámicas del mundo y una matriz productiva que depende, en gran medida, de lo que hay bajo la superficie.
Y, sin embargo, cuando se arman las mesas donde se decide sobre minería, riesgo de desastres, energía o uso del territorio, la voz de quienes estudian ese subsuelo —los geólogos y las geólogas— suele brillar por su ausencia. No porque falte conocimiento técnico en el país, sino porque ese conocimiento rara vez logra traducirse en presencia política.
Un vacío que empieza en el lenguaje
El primer síntoma de esta ausencia es casi lingüístico. Cuando se discute sobre economía, hay economistas citados en cada matinal; cuando se discute sobre salud, hay médicos en cada panel. Pero cuando se discuten los grandes temas que dependen directamente de la geología como dónde y cómo extraer litio, cuánta alerta declarar frente a un volcán, cómo adaptar ciudades a la sismicidad, qué territorios proteger como patrimonio geológico, la palabra pública suele quedar en manos de abogados, economistas o ingenieros de otras especialidades.
No es que estas voces no aporten; es que falta la mirada de quienes efectivamente formaron su carrera estudiando la Tierra. Nos falta, incluso, una costumbre básica: nombrar a la geología como interlocutora natural de estos debates.
Un día que aún no es oficial
Ese vacío también se refleja en gestos simbólicos, pequeños pero elocuentes. En Chile se conmemora el Día del Geólogo cada 17 de octubre, y universidades, gremios y sociedades científicas lo celebran con entusiasmo.
Pero, a diferencia de otras fechas profesionales que cuentan con reconocimiento oficial, esta conmemoración no tiene aún un estatus formal a nivel país. Es un detalle menor en apariencia, pero dice algo real sobre cómo el Estado, y la sociedad en general, valora públicamente esta disciplina: se le reconoce técnicamente, pero rara vez se le reconoce institucionalmente.
Cuando el conocimiento técnico no llega a los cargos que lo requieren
Este mismo patrón se repite, en ocasiones, dentro de las propias instituciones que deberían encabezar la conversación. Un ejemplo ilustrativo es nombramiento de un profesional no geólogo/a como Subdirector Nacional de Geología de Sernageomin.
Se trata de un profesional con una trayectoria sólida en políticas públicas, gestión ambiental y económica, aunque sin una formación de base en geología. Esto no cuestiona su idoneidad para el cargo, que responde a un proceso de Alta Dirección Pública; pero sí retrata con precisión el patrón de fondo: incluso el organismo técnico llamado a liderar la conversación geológica del país puede terminar conducido, en su nivel más alto, por profesionales ajenos a esa disciplina. Y si eso ocurre dentro de la propia institución rectora, es aún menos sorprendente que la voz geológica esté ausente en el resto del aparato público.
Una puerta a la que hubo que golpear desde afuera
El caso más concreto de este patrón ocurrió durante el proceso constitucional de 2021-2022. Entre los 155 convencionales constituyentes electos para redactar una nueva Constitución no hubo un solo geólogo ni geóloga.
Para que las geociencias tuvieran alguna posibilidad de quedar plasmadas en el texto, la Sociedad Geológica de Chile debió impulsar una iniciativa popular de norma, mecanismo que exigía reunir 15.000 firmas ciudadanas solo para que la propuesta fuera revisada.
En uno de los momentos más relevantes de la historia política reciente del país, la redacción de una nueva Carta Fundamental, la geología no tuvo representación directa en la mesa donde se escribía; tuvo que golpear la puerta desde afuera.
La geología no puede seguir siendo solo un insumo técnico
Aquí está el punto central: la geología en Chile ha sido, durante décadas, un insumo técnico de excelencia como los estudios, mapas, monitoreo, informes, pero rara vez un actor con asiento propio en la mesa donde se decide qué hacer con esa información.
Los datos hidrogeológicos condicionan permisos mineros, las alertas volcánicas activan protocolos de evacuación, los inventarios de geositios sustentan políticas de turismo y conservación; sin embargo, quienes generan ese conocimiento pocas veces participan directamente en el diseño de las políticas que ese conocimiento hace posibles.
Otras profesiones técnicas han recorrido ya ese camino: ingenieros, médicos y economistas ocupan hoy escaños parlamentarios, carteras ministeriales y direcciones estratégicas, después de décadas construyendo presencia pública deliberada. La geología chilena tiene el mismo potencial; y, dado lo que está en juego para el país, quizás más urgencia que ninguna otra disciplina para dar ese paso.
La excepción que confirma la regla
Existen, eso sí, señales de que el camino es transitable. Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con cerca de veinte años de experiencia en minería, incluyendo su paso por Los Bronces de Anglo American y distintas divisiones de Codelco, construyó también una trayectoria de liderazgo público poco habitual entre los profesionales de su disciplina: fue dos veces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) a fines de los años noventa, candidato a alcalde de La Florida en 2012, y dirigente sindical en la minería privada. En agosto de 2023 asumió como vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), en el marco de un cambio de gabinete del actual Gobierno, un cargo de responsabilidad pública comparable, en exposición y complejidad, a una subsecretaría. Ejerció el cargo hasta marzo de 2026, cuando fue reemplazado de forma subrogante.
Una invitación, no una queja
Nada de esto se resuelve solo con buena voluntad individual. Requiere que la comunidad geocientífica, y las sociedades profesionales, universidades, colegios y las nuevas generaciones de geólogos y geólogas, en particular, asuma la formación en política pública, comunicación y liderazgo institucional como parte legítima de su desarrollo profesional, tan importante como el trabajo de terreno o la investigación académica.
Requiere, también, que las instituciones del Estado abran esos espacios de forma más decidida, entendiendo que la excelencia técnica y la capacidad de liderazgo político no son incompatibles, sino complementarias.
Chile seguirá decidiendo sobre litio, riesgo volcánico, transición energética, patrimonio territorial, etc. tenga o no geólogos en la sala donde se toman esas decisiones. Hasta ahora, la geología ha debido incidir en esas decisiones golpeando la puerta desde afuera con informes técnicos, oficios, peticiones ciudadanas, cartas abiertas, etc. en lugar de sentarse directamente a la mesa donde se definen.
Así que, la pregunta que vale la pena hacerse es si esas decisiones serán mejores cuando quienes mejor conocen el terreno, literalmente, tengan, por fin, un lugar reconocido para decirlo. Revertir eso no depende de una persona ni de un cargo en particular: depende de que la propia comunidad geocientífica decida ocupar, de una vez, el lugar político que la geología de este país le exige desde hace décadas.
Nota: Ayaz Alam es Director del Colegio de Geólogos y de la Sociedad Geológica de Chile.
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