La Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (Afusam) de Chonchi, región de Los Lagos, presentó una querella contra el alcalde Fernando Oyarzún y contra todos quienes resulten responsables por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco, tras cuestionar pagos de finiquitos por más de 400 millones de pesos a 22 trabajadores que habrían continuado o retomado funciones en la Corporación Municipal.
De acuerdo con lo señalado por la organización mediante un comunicado, la acción se relaciona con el pago de finiquitos por la causal de necesidades de la empresa a trabajadores de la Corporación Municipal, cuyos contratos finalizaron al 31 de diciembre de 2024 y que posteriormente habrían continuado o vuelto a prestar servicios en la misma entidad.
Afusam sostuvo que la querella identifica a 22 personas cuyos pagos por desvinculación suman $400.483.757. Según la misiva entregada por la asociación, existirían casos en que las nuevas contrataciones habrían comenzado antes de la firma y el pago de los respectivos finiquitos.
A su vez, estos antecedentes corresponden a lo expuesto por la parte querellante y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
El gremio solicitó esclarecer por qué se efectuaron esos pagos si los trabajadores continuaron o retornaron a la Corporación, qué fundamentos respaldaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
Asimismo, se planteó que la investigación deberá determinar si los desembolsos estaban justificados, cuál fue su fuente de financiamiento y si existió un perjuicio patrimonial.
Respecto de los dineros mencionados, la asociación precisó que el monto de los pagos cuestionados deberá revisarse considerando los conceptos que efectivamente correspondía pagar, por tanto, esa cifra no equivale a un perjuicio fiscal establecido judicialmente.
Al respecto, se refirió el concejal Pedro Andrade, señalando que más de 30 funcionarios fueron despedidos y 22 de ellos volvieron a ser recontratados al día siguiente, por lo cual pidió esclarecer lo ocurrido.
“Se considera que no corresponde, porque primero se finiquitan por necesidad de la empresa y se vuelven a contratar. Entonces, allí hay una falta que está presentada al tribunal para que haga la investigación correspondiente y se tomen las providencias y las sanciones que corresponden a esta falta, porque consideramos que es una falta grave. También yo me sumo a eso porque es así, no es posible haber hecho ese tipo de acciones. Ahora, ¿qué significó eso? 400.483.757 pesos de pago por conceptos de finiquitos, una cifra importantísima que tuvo que traspasar la Municipalidad para que la corporación pudiera pagar esos finiquitos”, indicó Andrade.
En su declaración, Afusam pidió a las autoridades de la Corporación Municipal y a quienes intervinieron en estas decisiones facilitar el esclarecimiento de los hechos, preservar los antecedentes y entregar oportunamente la información requerida por los organismos competentes.
Además, también anunció que aportará los antecedentes de los que dispone y mantendrá informados a sus asociados sobre los avances verificables de la causa.
La organización manifestó que su actuación busca promover una administración transparente y el uso correcto de los recursos públicos. Junto con ello, expresó su respeto por la presunción de inocencia y por el derecho de todas las personas involucradas a entregar su versión.
La admisibilidad de la querella permite su tramitación, pero no acredita la existencia de delitos ni establece responsabilidades penales.
Hasta el momento, el alcalde Fernando Oyarzún no ha entregado declaraciones al respecto, lo mismo que la presidenta de la Afusam, Ana Faundez.
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