La Corte Suprema anuló la condena impuesta por el Consejo de Guerra de Osorno, en la región de Los Lagos, en dictadura y absolvió a mujer reconocida como víctima de tortura.
En específico, se trataba de una condena que se impuso en 1976 a Eligia Yáñez Águila, quien había sido sentenciada a tres años y un día de presidio por encubrimiento de traición frustrada.
El máximo tribunal acogió un recurso de revisión presentado por su defensa y la absolvió al establecer que se probó satisfactoriamente su inocencia.
El fallo determinó que la condena se sustentó principalmente en una confesión obtenida en un contexto de torturas y apremios. La mujer era analfabeta y firmó su declaración mediante su huella dactilar, sin que constara que el contenido le hubiese sido leído.
Además, al excluir esa confesión y los testimonios incriminatorios obtenidos bajo apremios, la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para mantener la condena.
Entre los antecedentes considerados, se encuentran los informes de las comisiones Rettig y Valech, además de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maldonado Vargas y otros versus Chile.
A su vez, Yáñez Águila fue reconocida oficialmente como víctima de prisión política y tortura e incorporada a la nómina Valech.
El recurso se presentó al amparo del artículo 657 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, que permite revisar sentencias cuando surgen nuevos antecedentes posteriores al fallo.
Entre los elementos invocados por la defensa figuran una sentencia de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros versus Chile, los informes de las comisiones Rettig y Valech sobre las torturas en los Consejos de Guerra y fallos anteriores de la propia Corte Suprema que anularon condenas similares.
Con la resolución, la Corte Suprema declaró nulo todo lo obrado en la causa y ordenó cancelar los antecedentes penales y registrales derivados de la sentencia.
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