Aún no está claro quién reflotará el catamarán “KOÑIMO I”, a poco más de dos meses del trágico hundimiento que dejó a seis trabajadores fallecidos en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
La embarcación permanece a unos 40 metros de profundidad, mientras el denominado sitio del suceso ha sido revisado por buzos y se han evaluado opciones para las maniobras de reflotamiento. No obstante, la responsabilidad, a juicio de la Armada de Chile, recaería en el armador, la empresa Koñimo, dueña de la motonave.
Cabe recordar que en la embarcación viajaban ocho trabajadores, de los cuales siete pertenecían a la empresa “Agua Santa”, quienes realizaban maniobras en el centro de cultivos “Ralún del Este” de la empresa “Trusal”, ubicado en el límite entre Puerto Varas y Cochamó. El octavo trabajador —uno de los dos sobrevivientes de la tragedia— pertenecía a “Inversiones Proactiva LTDA”.
El abogado Francisco Paredes aseguró que aún está pendiente resolver de quién es la responsabilidad de reflotar la nave, apuntando que —a su juicio— no solo la armadora tiene dicha obligación, sino que también la empresa “Trusal”, pues los restos se encuentran en el perímetro de su concesión.
Querellas por homicidio y por contaminar
Paredes fue quien presentó una querella por homicidio culposo en representación de la familia del tripulante calbucano, Marco Árgel, además de otra acción legal que busca sancionar la contaminación en el estuario de Reloncaví.
En ese contexto, señaló que Trusal “tiene la obligación de preservar el fondo marino y preservar la seguridad de la navegación”.
Cabe destacar que la teoría planteada por la representación de las víctimas dice relación con el bloqueo de los accesos debido a la gran cantidad de carga no estibada —como seis toneladas de cadena sobre la cubierta, entre otros elementos—, lo que habría impedido que los trabajadores pudieran salir desde la cabina ubicada bajo la estructura visible del catamarán.